El pasado viernes, 15 de enero el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó censurar al Presidente de la República. Nueve de los once consejeros electorales votaron a favor de emitir “medidas cautelares inhibitorias” por las que “se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral” (véase: https://bit.ly/2LDVfxS). Esta misma resolución también dota a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, encabezada por el consejero Ciro Murayama y con una clara mayoría PRIANista, con facultades plenipotenciarias para intervenir directamente en los contenidos de las mañaneras y de otras expresiones públicas de López Obrador.

“Para mis amigos justicia y gracia, para mis enemigos, la ley a secas”, reza el viejo dicho atribuido a Porfirio Díaz que caracteriza perfectamente al modus operandi del antiguo sistema autoritario todavía vivo dentro de nuestras instituciones electorales. En contraste con la determinación en contra del “enemigo” de los consejeros electorales López Obrador, para los “amigos” en los medios privados el INE se limitó a publicar, el 21 de agosto de 2020, una serie de “Lineamientos Generales que, sin Afectar la Libertad de Expresión y la Libre Manifestación de las Ideas ni Pretender Regular Dichas Libertades, se Recomiendan a los Noticieros, Respecto a la Información y Difusión de las Actividades de Precampaña y Campaña” (véase: https://bit.ly/38TtrOW).

En esta resolución sobre los noticieros privados, el INE deja perfectamente claro que “estos Lineamientos no constituyen pautas coercitivas para los medios de comunicación, sino que deben ser entendidos como guías orientadoras que pretenden encauzar un comportamiento y de ninguna manera imponer una conducta”. En concordancia con esta afirmación, el acuerdo correspondiente no empodera a órgano alguno del INE para intervenir en la determinación de las temáticas de los noticieros.

“Todos coludos o todos rabones”, reza la expresión popular. Si el INE va a determinar los contenidos aceptables para las conferencias mañaneras de López Obrador, que también fije las temáticas que pueden abordar Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker y Javier Alatorre en sus noticieros. Tanto las mañaneras como los noticieros son ejercicios de comunicación hacia la ciudadanía. El hecho de que uno de los espacios cuente con financiamiento público y el otro dependa de financiamiento privado no modifica el carácter esencialmente informativo de ambos.

Pero el INE ha decidido aplicar un doble rasero al definir las conferencias de prensa de López Obrador como “propaganda” y los noticieros como “comunicación”. Indigna el evidente trato diferenciado. Los consejeros electorales “ordenan”, regulan y amenazan al Presidente pero se limitan a “encauzar” sin “imponer conductas” a los locutores privados.

Ello revela un fuerte sesgo de parte del INE a favor de las fuerzas políticas de la oposición, que cuentan con un amplio financiamiento privado para sus actividades y un abrumador respaldo de parte de los medios privados. Una vez más se confirma que consejeros como Lorenzo Córdova y Murayama serían aguerridos militantes del “Bloque Opositor Amplio (BOA)”, tal y como ya hemos documentado en estas mismas páginas (véase: https://bit.ly/2Ly76xL).

Ahora bien, es cierto que el séptimo párrafo del artículo 134 de la CPEUM señala que todos los servidores públicos tienen la obligación “de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” y que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos…deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.”

Nuestra larga historia de grotescas intervenciones del gobierno en la política electoral justifica la aplicación estricta de estas determinaciones normativas. Todos recordamos la burda participación del entonces Presidente Vicente Fox en la campaña electoral de Felipe Calderón de 2006 así como la canalización de miles de millones de pesos del presupuesto público hacia las campañas del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero las opiniones expresadas por López Obrador durante conferencias de prensa sobre el acontecer nacional e internacional de ninguna manera se pueden equiparar con la movilización político-electoral del Estado en su conjunto durante el viejo régimen.

El verdadero peligro para la democracia en el mundo actual es el financiamiento privado a las campañas electorales. La profunda crisis actual del corrupto sistema político estadounidense, donde vale más un dólar que un voto, constituye un claro botón de muestra (véase: https://bit.ly/3qs0DD9).

Nuestro marco jurídico afortunadamente también establece controles estrictos sobre el sector privado. El apartado A del Artículo 41 de la CPEUM indica claramente que, más allá de los partidos políticos, “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.” De la misma manera, el Apartado B del Artículo 6º de la CPEUM señala que "se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Sin embargo, en México se ha normalizado la presentación de propaganda política como “información periodística o noticiosa” por medio de la compra indebida de mensajes, noticias y opiniones. Antes, el principal proveedor del famoso “chayote” periodístico era el gobierno, pero ahora son los actores privados quienes principalmente se dedican a este negocio. El prejuicio generalizado de los medios privados en contra del gobierno actual no ocurre por generación espontánea sino que cuesta mucho dinero.

Y las redes sociales, como Youtube, Facebook y Twitter, no son de ninguna manera una excepción. El caso del “Operativo Berlín” durante las elecciones de 2018 constituye solamente uno de los ejemplos más evidentes.

Así que si el INE quiere inaugurar una nueva etapa de mayor intervención y regulación del debate político-electoral que lo haga de manera pareja, confrontando por igual al supuesto intervencionismo público y la evidente intromisión privada. La obsesión de las autoridades electorales con censurar la mañanera evidencia un preocupante sesgo político y pone en grave riesgo la imparcialidad del proceso electoral actualmente en curso.

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