Seguramente con más duración y trascendencia en el escenario nacional e internacional, el deturpador caso de impunidad y militarismo dominante del general en retiro Salvador Cienfuegos ya tiene competencia en la muy cambiante marquesina de los escándalos políticos, judiciales y mediáticos: la peculiar cesión altruista del gobierno mexicano al turno para la llegada de vacunas Pfizer y el probable avance judicial contra el ex senador panista y sobre todo calderonista y mouriñista José Luis Lavalle, convocado a una notificación personal por la Fiscalía General de la República en el contexto de las órdenes de aprehensión que se desprendan de las delaciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que podrían llegar a alturas peñistas (¿Luis Videgaray, cuando menos?) e incluso a nivel de gobernadores panistas en funciones (se habla de Francisco García Cabeza de Vaca y de Francisco Domínguez, de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente).

La cosecha negativa original así se señaló en la anterior entrega de esta columna y así se ha confirmado en los hechos, más allá de debilidades procesales sembradas en los pliegos llegados de Estados Unidos, en deducciones ortográficas, raciocinios Black Berry, clasismo criminal (¿cómo con narquillos de Nayarit?) y olvido histórico, además de la transparencia en negro de la Fiscalía General de la República en sus revelaciones más como defensoría de Cienfuegos que como instancia soberana que debía investigar por sí misma y no sólo para convalidar.

“La exoneración del general Salvador Cienfuegos constituye el peor golpe hasta ahora al discurso presidencial contra la corrupción y confirma la creciente y muy peligrosa preponderancia del poder militar en México”, se apuntó el pasado viernes aquí y a ello se agrega la reacción del Departamento de Estado del país vecino, que acusa violaciones a confidencialidad entre naciones y asegura que los señalamientos a Cienfuegos no fueron inventados, sino producto de un proceso que estuvo a punto de dejar de por vida al general peñista en una cárcel gringa como final de un juicio formal al que México se atravesó para forzar el retorno de quien ahora aparece en un cándido santoral de cierta izquierda ligera como personaje defendible cuando fue responsable de las operaciones militares con Peña Nieto: represión, masacres, complicidad con el narcotráfico ocultamiento de hechos en Iguala-43 y casos similares.

La súbita decisión andresina de ceder su turno de llegada de vacunas de Pfizer para que haya un mejor reparto a países pobres generó otro punto de desasosiego. Luego de las ceremonias épicas de recepción de un pequeño cargamento en semanas pasadas y los anuncios de arranque de campañas de vacunación masivas se produce esta determinación que obviamente alimenta a sus segmentos opositores. Y, el mismo domingo, a la Secretaría de Salud renuncia Miriam Esther Veras Godoy, una de las responsables de las tareas de inoculación nacional, la llamada Operación Correcaminos.

La atención pública podrá girar hacia otros temas si avanza la judicialización personalizada referida a las delaciones de Lozoya, en el contexto de las extorsiones a políticos para aprobar reformas “estratégicas” impulsadas por Enrique Peña Nieto. El primer turno se programa para el 26 de enero con Jorge Luis Lavalle Maury, un político de Campeche relacionado con Felipe Calderón Hinojosa y, en su momento, con Juan Camilo Mouriño Terrazo, ya difunto.

Lozoya también señaló a otro calderonista, Salvador Vega Casillas, michoacano como Calderón, con quien fue secretario federal de la Función Pública, y a quienes actualmente gobiernan Tamaulipas y Querétaro a nombre de Acción Nacional, con amplias posibilidades de que sus candidatos al relevo mantengan la plaza a nombre del partido conservador. Habrá de verse la vía jurisdiccional que se recorra para procesar penalmente al norteño García Cabeza de Vaca y al queretano Domínguez si avanza la FGR en estos temas. ¡Hasta mañana!

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