Zacatecas, Zac., Zacatecas se encuentra atrapado en una vorágine de violencia e inseguridad que parece no tener freno: en 2020 hubo más de mil 200 ejecuciones, según cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJZ), y en los primeros 17 días de este año suman 90, por la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS).

Este fin de semana, militares y policías se desplegaron por tierra y aire en los municipios de Jerez, Fresnillo y Villa de Cos en busca de dos integrantes de la Guardia Nacional (GN) y uno de la Policía Estatal Preventiva (PEP) secuestrados por comandos del crimen organizado.

Zacatecas se ubica entre los cinco estados del país con más homicidios dolosos en relación con su población: apenas rebasa un millón 600 mil habitantes, es decir, la población de las alcaldías Gustavo A. Madero y Benito Juárez de la Ciudad de México, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015.

Hace una década, a finales del sexenio del panista Felipe Calderón y durante el mandato del entonces gobernador Miguel Alonso Reyes, se realizó una multimillonaria inversión –con empréstitos bancarios con cargo al erario– para construir en el estado tres bases militares: en Fresnillo, Jalpa y Juchipila.

Lo que sucede actualmente es muestra de que la militarización de la seguridad pública en Zacatecas, así como el despliegue de más de 3 mil integrantes de GN en la entidad ha sido un fracaso.

Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ), admite que el Ejército coadyuva en el combate a los grupos delincuenciales, pero la GN “no se suma al trabajo”.

Disputa por territorio y negocios ilícitos

La ola de ejecuciones, secuestros y desaparición de personas se intensificó en la entidad gobernada por el priísta Alejandro Tello Cristerna hace poco más de un año, cuando el 31 de diciembre de 2019, en el penal de Cieneguillas, en una riña en la cual se utilizaron armas de fuego, reos afines al cártel de Sinaloa abatieron a 18 integrantes del cártel del Golfo (aliado del CJNG) e hirieron de gravedad a 20.

En una acción simultánea, células del cártel de Sinaloa –que firman mensajes diciendo ser “gente del Mayo Zambada”– comenzaron a incursionar por el noroeste de Zacatecas, procedentes del vecino estado de Durango. Los choques entre ambos grupos comenzaron en las principales ciudades: Fresnillo, Calera, Guadalupe, la capital y ahora, Jerez.

En entrevista, López Bazán asegura que los cárteles de Jalisco y Sinaloa tienen interés en esta región, entre otras razones, por su posición geográfica.

Por aquí, refiere, cruzan tres grandes rutas para el tráfico de drogas y precursores, así como el tráfico de armas y el trasiego de personas indocumentadas o destinadas a la trata. Zacatecas es la conexión obligada entre esas tres rutas: al centro (el Bajío y la Ciudad de México), al Pacífico (los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, así como Guadalajara, Jalisco) y hacia el Golfo y norte de México (Nuevo León, Tamaulipas y su frontera con Texas).

“La realidad es lo que vemos. No pretendo ocultar lo que allá fuera sucede. Es un reajuste entre los dos grupos fuertes a nivel nacional”, sostiene el titular de la SSPZ.

Según Arturo López Bazán, la entidad dejó de ser un lugar de paso de drogas, armas y personas “para convertirse también en un lugar de consumo, un mercado millonario donde las metanfetaminas vinieron a sustituir a otras sustancias que eran más pasivas. Ésta es una droga altamente violenta y los efectos que produce en el organismo nos llevan a eso: a un alto índice de violencia, y Zacatecas se ha convertido en un gran consumidor”.

Existen otros negocios ilícitos que se disputan los cárteles, plantea. En el estado hay laboratorios de drogas sintéticas. Además están las extorsiones y los secuestros. “Si hacemos números, Zacatecas genera muchísimo dinero”, subraya.

Deserciones y falta de reclutas

Entrevistado en su despacho, seis meses después de haber asumido la SSPZ (es el tercer titular de dicha dependencia en cuatro años del gobierno de Tello Cristerna), López Bazán admite que recibió un estado de fuerza más que deprimido: 30 de los 58 municipios de la entidad tienen corporaciones con apenas entre dos y 10 policías. Inoperantes, mal capacitadas, mal armadas y con pocos agentes aprobados en el control de confianza.

Hace cinco años el gobierno se planteó contar con 2 mil 500 integrantes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), el principal grupo de reacción de Zacatecas; sin embargo, la corporación no supera mil 200 agentes porque no hay reclutas. En cambio, en meses recientes ha habido muchas renuncias de uniformados. Y muertes.

López Bazán refiere que el año pasado 24 agentes de seguridad pública en el estado fueron asesinados por presuntos criminales: 18 policías municipales; cuatro estatales, un policía ministerial y uno de tránsito.

Además de no contar con suficientes policías estatales, la SSPZ enfrenta un grave problema de coordinación con las fuerzas federales, debido a que los integrantes de la GN –más de 3 mil en territorio estatal– rehúyen entrar a fondo en el combate a la delincuencia.

Reprocha que cada vez que se perpetra una ejecución múltiple u otro hecho grave, en Zacatecas los ciudadanos cuestionan: “¿Dónde está la Guardia? ¿Por qué se les ve siempre paseándose por las calles, pero no actúan contra los delincuentes?”

Concluye: “Necesitamos sumar talentos, capacidades y recursos de los tres niveles a una estrategia. No podemos dejar que sean pocos (los policías municipales), desarmados o con armas de bajo calibre, quienes estén haciendo frente al crimen organizado, mientras las armas de alto poder están guardadas”.