Frente a la exigencia de Donald Trump para que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944, se debe recordar que ese acuerdo estipula que el líquido considerado para pagar no incluye el almacenado en las presas, que además están a su nivel más bajo y no se puede entregar a Estados Unidos, porque habría una afectación directa a miles de productores, advirtió el senador Mario Vázquez Robles.

No podemos cumplir un tratado a costa de la inestabilidad social de nuestra gente, México debe debe proteger a sus productores y establecer programas de apoyo a las comunidades del norte, insistió el legislador panista.

En entrevista, dijo que las sequías recurrentes hacen poco menos que imposible que Chihuahua entregue agua a Estados Unidos. México puede y debe cumplir sus compromisos internacionales, pero sin sacrificar la viabilidad hídrica de su población ni ceder a presiones.A favor de la soberaníay de nuestra gente

Vázquez Robles insistió: el tratado debe respetarse en sus términos, y no deformarse por intereses externos. La defensa del agua es hoy, más que nunca, una defensa de la soberanía y de nuestra gente.

Debido a las sequías que han azotado a esa entidad en los últimos años y la poca agua que hay en las presas como La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes pertenecen a los productores, comunidades indígenas y ciudades.

No se trata de que Chihuahua no quiera contribuir o no quiera atender el acuerdo, o por supuesto que el Tratado de Aguas de 1944 es benéfico para México, pero el único perjudicado es Chihuahua, en virtud que el líquido que llega por el noroeste, desde Estados Unidos, se va a Baja California y luego a Sonora.

Sin embargo, recalcó, el agua que entrega México a Estados Unidos es la de Chihuahua.

El senador chihuahuense planteó la necesidad de que funcionarios del gobierno federal, así como de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y los estados involucrados se sienten a dialogar en mesas de trabajo y verifiquen que en realidad en Chihuahua no existe agua para entregar.

Planteó asimismo que se debe legislar para proteger a las presas como infraestructura prioritaria nacional, así como establecer esquemas de protección a los productores y comunidades rurales de los estados del norte de México, en defensa del derecho humano al agua, del interés nacional y del principio de soberanía hídrica.