El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) tiene 395 reportes de migrantes irregulares o con residencia o permiso, de los cuales han encontrado a 131 (89.31 por ciento) con vida, y de 264 se sigue sin conocer su paradero. Estas cifras son principalmente de 2003 a la fecha, ya que en 23 casos no está especificado el año.

Las entidades con más reportes de extranjeros desaparecidos son Veracruz, con 63; Sonora, 29; Chihuahua, 28; Puebla y Coahuila, 23 cada uno; Quintana Roo, 22; Ciudad de México; 20; Chiapas, 19; Tamaulipas 17, y Michoacán, 13.

La mayoría fueron reportados entre 2021 y 2024, ya que suman 322, es decir 81.51 por ciento del total.

En cuanto a los 264 que continúan en condición de desaparecidos y no localizados, según el RNPDNO, 70.83 por ciento son hombres y 29.17 mujeres. Sus edades oscilan entre 15 y 40 años. Sin embargo, la mayoría de los casos están entre los rangos de 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34.

Respecto a sus nacionalidades, 53 de los desaparecidos son hondureños, 34 colombianos, 31 estadunidenses, 30 guatemaltecos, 29 venezolanos, 22 nicaragüenses, 16 cubanos y 11 ecuatorianos.

Organizaciones han advertido que hay un subregistro de las desapariciones de migrantes irregulares. Fundación para la Justicia (FJ) destacó que éstas quedan sistemáticamente en la impunidad en México, lo cual envía un mensaje de permisividad para los perpetradores, tanto estatales como no estatales.

En un reporte con motivo de la sustentación del cuarto informe periódico de México sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la semana pasada, la FJ expuso que las fiscalías no investigan seriamente los casos.

Refirió que el 16 de noviembre de 2021, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobó un acuerdo por el cual se crea la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, el cual se publicó el 4 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, hasta la fecha ni los comités de familias ni las organizaciones que los acompañan tenemos conocimiento de que haya iniciado funciones.