Vecinos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo iniciaron una campaña para difundir el impacto negativo ocasionado por las plataformas de alojamiento a corto tiempo, como han sido desalojos, desplazamiento de personas con arraigo vecinal y el incremento en el precio de las rentas.

Además, demandaron al Congreso de la Ciudad de México y al gobierno local rechazar la solicitud de suspensión que se hizo del cumplimento a la Ley de Turismo durante la celebración del Mundial del Fútbol y que, por el contrario, continúe la regulación de plataformas.

Habitantes de las colonias Juárez, Hipódromo, Roma, Santa María La Ribera, Escandón, Verónica Anzures y otras, manifestaron que se agruparon en el Frente Aquí Somos por el arraigo y la inclusión vecinal, con el cual realizarán diferentes acciones como la intervención de Airbnb, ya que incumple con los usos de suelo e impacta colonias, con el fin de evitar la expulsión de 23 mil personas en toda la ciudad.

Entre los casos que mencionaron –los cuales documentaron a lo largo de varios años– están los de la colonia Juárez, donde había edificios habitados por familias que fueron desalojadas con la fuerza pública y que no sólo perdieron sus hogares, porque durante los lanzamientos fueron víctimas de robos y abusos.

Ameyalli Magallón, vecina de la colonia, expuso que en esa zona en 10 años mil 642 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares.

La cifra la obtuvieron de un comparativo que realizaron con los datos que la organización vecinal recopiló y comparó con los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010 y 2020.

Por su parte, Sergio González, vecino de la colonia, recordó el desalojo del edificio de la calle Nápoles 35, del cual, en plena pandemia, 12 familias fueron desalojadas; más tarde el de la calle Londres, ambos inmuebles actualmente operan para la plataforma Airbnb.

Otro caso que detalló fue el de Dinamarca 77, donde no sólo hubo desplazamiento de familias, también se perdieron pequeños negocios comerciales que han sido sustituidos por grandes cadenas.

Agregó que la llegada de ese servicio de alojamiento de corto plazo encareció los servicios en la colonia, pues en los edificios desalojados se pagaban rentas de 8 mil pesos hace cuatro años y ahora son de 29 a 46 mil pesos mensuales, según el número de recámaras.

Los vecinos se manifestaron porque las autoridades den prioridad a los habitantes con arraigo, se haga un programa de vivienda asequible y se mida el impacto de las plataformas en la vivienda y los pobladores, entre otras acciones.