El aumento a gran escala del flujo de migrantes en las grandes urbes, como la capital, es inevitable debido a las complejas realidades económicas, sociales y ambientales de sus países de origen, por lo que uno de los principales retos en materia de planeación urbana y territorial es su inserción dentro del tejido citadino, señala un documento elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

Lo anterior implica que las autoridades deben tratar de proveer vivienda, servicios, infraestructura y áreas de integración social a esa población ante la consolidación de asentamientos informales en plazas y parques, sobre todo en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tláhuac.

El dictamen denominado Nuevas migraciones en la Ciudad de México, cuyo propósito es ofrecer propuestas para la integración socioambiental de los extranjeros, señala que tan sólo en 2023 llegaron 48 mil personas procedentes de distintos países, de las cuales 28 mil obtuvieron una residencia temporal o permanente, mientras 20 mil recibieron un documento que les da un estatus de visitante por razones humanitarias.

En su diagnóstico, destaca que los campamentos migrantes han generado situaciones de conflicto y hostilidad que detonan disputas entre grupos sociales. Por esto el espacio público se transforma en un escenario donde se observa que su apropiación por parte de la población residente y migrante converge en intereses particulares y no fomenta la integración de distintos grupos, la identidad y la cohesión social.

De esta manera, además de una gran cantidad de migrantes internos provenientes principalmente del sur y sureste del país que buscan mejores oportunidades laborales, educativas y de vida, la Ciudad de México también es destino de gente proveniente de diversas partes del mundo, sobre todo de América Central, Venezuela, Haití y, en menor medida, de África y Asia.

Al respecto, el Consejo Económico y Social capitalino se manifestó por aplicar leyes y reglamentos que reconocen los derechos de migrantes y personas con necesidades de protección humanitaria, así como para fortalecer la protección de los lugares públicos y áreas verdes, además de establecer convenios de colaboración con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales para su protección y asistencia.

Asimismo, recomienda incrementar la oferta de vivienda asequible, mejorar la capacidad de los servicios públicos, expandir y mejorar el acceso a la salud, así como realizar campañas de sensibilización y educación para combatir la discriminación que promuevan la inclusión cultural y social, además de un programa de enseñanza del idioma español agregado a la educación intercultural.

En ese tenor, propone la creación de un centro de atención integral para migrantes, junto con un programa laboral y de emprendimiento, así como uno de acceso a educación y reconocimiento de títulos académicos, entre otras acciones.