Washington. Un tribunal federal de apelaciones rechazó ayer retirar una orden que impide al gobierno de Estados Unidos deportar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia no bloqueará la orden emitida el 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Al invocar la ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del presidente Donald Trump expulsó a 238 personas bajo una proclamación presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua de fuerza invasora. Los migrantes fueron recluidos en el Cecot, megacárcel de alta seguridad de El Salvador, donde la Organización de Naciones Unidas ha documentado graves violaciones a los derechos humanos.

El Departamento de Justicia impugnó después de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueó más deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Lo que no sucedió.

Abogados de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles presentaron la demanda en nombre de cinco venezolanos que estaban detenidos en Texas.

Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett aprobaron rechazar la solicitud del gobierno para retirar la orden. Cada una escribió opiniones concurrentes. El juez Justin Walker, nominado por Trump, escribió una opinión disidente.

El presidente y director general de Democracy Forward, Skye Perryman, cuyo grupo de activismo jurídico también representa a los demandantes, señaló que el fallo es un “paso importante para el debido proceso y la protección del pueblo estadunidense.

El presidente Trump está sujeto a las leyes de este país, y éstas no le permiten usar poderes de tiempos de guerra cuando Estados Unidos no está en conflico y no ha sido invadido como para retirar a individuos del país sin someterlos a un proceso, afirmó Perryman.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin darles la oportunidad de tener una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal.

Trump y sus aliados han pedido la destitución del juez Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó: la destitución no es la respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial.

En este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración suspendió el procesamiento de las solicitudes de tarjeta verde presentadas por inmigrantes a quienes ya se les ha otorgado el estatus de refugiado o asilo, mientras continúa la postura de línea dura del gobierno sobre inmigración, informó CBS News.

En Caracas, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Mauro, rechazó de nuevo el secuestro de sus ciudadanos recluidos en El Salvador, lo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó de acto de injusticia.