A 11 años de la masacre de Güémez, Tamaulipas, en la que 16 migrantes fueron asesinados y sus cuerpos hallados por el Ejército en una fosa clandestina, la Fundación para la Justicia señaló que esa entidad ha sido escenario de múltiples matanzas, lo que ha dejado una profunda cicatriz en la memoria colectiva en varios municipios.

Hemos constatado que estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una dinámica de macrocriminalidad en la que los grupos del crimen organizado han encontrado en miles de migrantes que transitan por México presas fáciles. Las políticas migratorias de contención las han obligado a buscar rutas alternativas para evitar a las autoridades mexicanas exponiéndolas a mayores riesgos.

Estas rutas suelen ser más peligrosas, ya que atraviesan puntos ciegos, zonas con altos factores de riesgo natural y territorios controlados por el crimen organizado. La fundación reiteró que en varios casos “existen indicios de colusión de autoridades o incluso pruebas de su participación directa. Acompañamos a 64 víctimas de al menos cuatro masacres perpetradas contra migrantes en municipios de Tamaulipas desde 2010.

Aunque los avances en la identificación permitieron a varias familias encontrar y repatriar a sus parientes, la justicia plena no es una realidad. Once años después de lo sucedido no hay un solo detenido, ni una sola sentencia, a pesar de que existen indicios relevantes en la investigación que identifican a probables responsables en la cadena de delitos cometidos contra los migrantes.

Lamentó que el duelo y la fatiga sean las cargas que enfrentan las familias; a esto se añaden enfermedades, cargas financieras, el cuidado de los nueve niños y niñas que perdieron a sus padres.”Algunas han tenido que enfrentar duelos adicionales, ya que madres, padres y hermanos fallecieron sin llegar a ver justicia.

Recientemente un amparo ha permitido que se pueda iniciar el trámite para que familias de nueve migrantes reciban reparación integral del daño, instando a las autoridades mexicanas a proporcionar atención médica, sicológica y reparación económica, gracias a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.