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Denuncian corrupción e irregularidades en juzgados familiares de Querétaro
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▲ Miembros del Frente Obser-vador de Servidores Públicos, así como padres de menores, protestaron ayer en los juzga-dos familiares en la capital de Querétaro, para exigir la renun-cia de la jueza María Luján y el procurador de Defensa, Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández.Foto La Jornada
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 16 de febrero de 2025, p. 22

Querétaro, Qro.,. Por presunta corrupción e irregularidades en 200 casos, padres de menores e integrantes del Frente Observador de Servidores Públicos (FOSP) se manifestaron ayer en los juzgados familiares de esta entidad en demanda de la destitución de María Guadalupe Luján Molina, jueza octavo de lo familiar, y de Manuel Hernández Rodríguez, procurador de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los inconformes portaron mantas en las cuales se leía: En 2018, con queja DIF/CI/OIC/11/2018 cesado como subprocurador ¡Por corrupción! Hoy procurador, pero igualmente corrupto.

Los manifestantes señalaron que hay más de 200 expedientes con irregularidades, lo que ha sido ignorado por los responsables, debido a la corrupción y conflicto de interés entre los juzgadores que llevan los casos de los menores.

El vicepresidente del Frente, Arturo Campos, señaló que ya se comprobaron casos de conflicto de interés del procurador Manuel Hernández. Dijo que en 2018, cuando Hernández Rodríguez era subprocurador del DIF, su falta de actuación provocó la pérdida de la custodia de sus hijos.

Acusó que tiempo después se hizo pública una fotografía en la que apareció Manuel Hernández en el enlace matrimonial de la hija de los abogados de la parte contraria, lo que generó dudas sobre su imparcialidad y motivó su destitución. “Se hizo la denuncia con ese material y lo destituyeron en 2018", afirmó.

No obstante, en la administración de Mauricio Kuri fue nombrado procurador del menor, lo que, según Arturo Campos ha generado nuevos problemas. Ni como subprocurador ni ahora como procurador ha trabajado por la niñez, sólo ha usado su poder e influencias, acusó, tras asegurar que lleva seis años sin ver a sus hijos y que cualquier intento de acercamiento es obstaculizado.

Y según los activistas, a la jueza Lujan Molina, titular del juzgado octavo Familiar, la pusieron al frente para ser parte del Comité de Ética, pese a tener denuncias públicas con carpeta de investigación activa.

Andrea Ramírez, por su parte, denunció que Ana Delia Domínguez Almaraz, de la fiscalía 4 de Querétaro, validó con anomalías una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar en agravio de sus hijos de 6 y 9 años.

Relataron que desde hace años han denunciado que hay una crisis en la impartición de justicia en Querétaro. Hay corrupción, malos manejos, conflictos de interés en la mayoría de los juzgados, sostuvo Marisa Munguía, del FOSP.