Tenango del Valle, Méx., Pedro Luis Hernández de Paz, conocido como Wicho Hernández, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, fue vinculado a proceso por un juez del Poder Judicial mexiquense al considerar que los elementos aportados por la Fiscalía General de Justicia estatal son suficientes para presumir que es culpable del delito de extorsión.

La fiscalía lo señala de ordenar el secuestro del suegro de Teresa Reyes Loza, candidata de Morena a dicha localidad en junio de 2024, con el fin de extorsionarla para que dejara la contienda y Wicho Hernández pudiera ganar la alcaldía.

Según el expediente, en mayo del año pasado Hernández de la Paz, entonces abanderado por la coalición del PRI-PAN-PRD a dicha municipalidad, solicitó apoyo al grupo criminal La familia michoacana para que plagiaran al suegro de Reyes Loza.

Días después, la privación ilegal de la libertad del familiar de Reyes la hizo un grupo armado, que lo tuvo en cautiverio más de dos semanas. En ese periodo, la abanderada morenista recibió llamadas telefónicas donde le exigían retirarse de la contienda a cambio de liberar a su suegro.

El 22 de mayo, dos semanas antes de las elecciones, Reyes Loza anunció su declinación y días después su suegro fue liberado. En las llamadas que recibió la candidata morenista, los sujetos le aseguraron que en Santo Tomás, quien gobernaba era el matrimonio de María del Rosario Matías y Wicho Hernández, con apoyo de La familia michoacana.

En la audiencia, el juez concedió sólo un mes para terminar la investigación complementaria y que las partes puedan reunir las pruebas que desahogarán a lo largo del juicio que se instruirá contra Wicho por extorsión. Las autoridades han expuesto que hay más expedientes que señalan al edil electo por varios delitos.

Hernández de la Paz es esposo de María del Rosario, quien en diciembre de 2024 culminó su trienio y también está presa y sometida a procesos penales por sus nexos con la delincuencia organizada. Ambos fueron aprehendidos durante la operación Enjambre, iniciada por autoridades federales y estatales el 22 de noviembre de 2024 para detener a 14 funcionarios por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en 10 municipios del estado de México.