El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no logró ayer, por falta de un voto, invalidar el candado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que prohíbe a tribunales ayudar a corregir los reclamos mal formulados de aspirantes a cargos de elección popular en el Poder Judicial durante un juicio de protección de derechos político-electorales, beneficio que sí reciben los aspirantes a cargos para el Ejecutivo y Legislativo.

En la sesión, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso invalidar el artículo 80, numeral 1, inciso i), segundo párrafo que dicta que en estos casos (de aspirantes a jueces, magistrados y ministros) no operará la suplencia de la queja, pero se desestimó al no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos, ya que siete ministros fueron a favor y dos ministras en contra (Lenia Batres y Loretta Ortiz). La ausente fue Margarita Ríos Farjat, cuyo voto hubiese sido decisivo.

La mayoría de los siete ministros coincidió con el criterio de Pérez Dayán de que dicha norma crea un trato diferenciado (entre ciudadanos) y que por sus condiciones es inconstitucional, ya que excluye a los aspirantes al PJF de dicho beneficio por sus conocimientos en derecho, al tener el título de abogados.

El proyecto fue apoyado incluso por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. No existe justificación para excluirlas de la aplicación de esta figura jurídica, dijo.

Afectación a derechos de aspirantes a juzgadores

La ministra presidenta Norma Piña enfatizó que la norma es “sobreinclusiva y se hace de manera categórica… Aquí no hay ninguna finalidad constitucionalmente válida”.

Para el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que los aspirantes sean licenciados en derecho no debe impactar sus derechos de debido proceso y de acceso a la justicia. Los juicios ciudadanos de quienes aspiran a ser juzgadores no pueden elegirse como una evaluación o una prueba de sus habilidades argumentativas.

En contra, la ministra Lenia Batres argumentó que quienes aspiran a cargos en el PJF no se encuentran en una situación de desventaja, sino que cuentan incluso con preparación y experiencia jurídica para formular debidamente los agravios que consideren pertinentes. Ello garantiza un proceso equitativo en el que no existan ventajas arbitrarias.