Oaxaca, Oax., Sin consulta previa y con el uso de grupos de choque de la denominada Catem Joven, que controlan los hermanos Juan Yavhé e Iván Luis Villaseca, el gobierno de Salomón Jara comenzó la construcción de un basurero regional en un terreno de tres hectáreas en la colonia Jerusalén, en Santa Cruz Xoxocotlán. Pretende que ahí se disponga el manejo de 850 toneladas de desechos al día generados por ese municipio, la capital oaxaqueña y Santa Lucía del Camino.

La promesa a los vecinos es que será un basurero como el del río Hudson, de Nueva York, aunque no se les precisa en qué sentido ni a qué vertedero se refieren.

Ante obras, los vecinos mantienen sus protestas. La más reciente fue realizada el viernes 7 pasado, porque en la zona hay tres pozos de agua potable, alrededor hay escuelas, una clínica del IMSS-Bienestar, el bosque de El Tequio –que colinda con el aeropuerto– está a 600 metros, todavía hay asentamientos de cartón y madera, lotes en venta e incluso sembradíos de alfalfa y maíz, y habita fauna de la región.

La vivienda más cercana al basurero está a 40 metros y el río Atoyac –que sólo lleva aguas negras– está a 200 metros. Además del riesgo de contaminación del suelo y el aire, otra preocupación de la comunidad es qué ocurrirá si, en la temporada de lluvias, el río se desborda y se inunda la planta.

Además, se busca edificar junto al basurero un hospital oncológico, un albergue del DIF y un parque. Se trata, resumen los vecinos, de un asunto de salud pública y defienden su legítima preocupación por el proyecto, por los efectos negativos a la comunidad.

Los integrantes del comité vecinal de la colonia Jerusalén se enteraron de que las excavaciones iniciadas en 2024 eran para cimentar el proyecto, porque al ex alcalde Vicente Castellanos “se le salió y nos dijo ‘quieren poner un basurero, yo no di la autorización’. Quien autorizó fue la actual alcaldesa, Nancy Benítez, de Morena”.

El 14 de enero pasado, ante la continuidad de las obras, la comunidad bloqueó la avenida Símbolos Patrios, pero fueron reprimidos por grupos de choque de Catem Joven. Aunque estaban encapuchados, los vecinos reconocieron a Juan Yavhé e Iván Luis Villaseca entre quienes organizaron a taxistas, moto taxistas y conductores de camiones de volteo para el desalojo violento.

Incluso mujeres y niños fueron golpeados; los transportistas robaron cámaras de los negocios cercanos y sustrajeron las memorias de las computadoras; la policía no intervino y una patrulla de la Guardia Nacional pasó sin detenerse.

El sábado 25 de enero, en una reunión con funcionarios encabezados por Diego Humberto Ramos, conciliador de la Secretaría de Gobierno, se expuso la forma violenta en que se trató a los manifestantes. La respuesta que les dieron fue que así son, son una mafia, nosotros no los contratamos, sino la empresa.

Más aún, es Luis Villaseca quien acude a las reuniones con los funcionarios, y el 29 de enero, en un diálogo en la comunidad a la que asistieron Ramos, ingenieros y representantes de la empresa contratista, se presentó el líder de Catem Joven.

En el encuentro del 25 de enero, se exigió al menos una disculpa pública porque, aseguran, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, deslizó que detrás de la movilización había un grupo guerrillero. Ramos contestó que veía difícil una declaración oficial de ese tipo porque Romero López no dio nombres.

Los habitantes documentaron la agresión y tienen fotografías de Iván Luis Villaseca en el recorrido del 29 de enero. Desde la agresión, cuatro personas en motocicletas vigilan el predio cercado con valla ciclónica. Nos tienen amenazados, indicó una de las vecinas.

Recordaron cómo los hermanos Villaseca asistieron a la toma de posesión del alcalde de la capital, Raymundo Chagoya, el primero de enero pasado y contaron que uno de los participantes en el desalojo del 14 de enero, Caleb Rodríguez Ortega, fue asesinado tan sólo cuatro días después en el estacionamiento de un Office Depot cercano.

Aunque han preguntado, a los habitantes de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal no se les ha respondido qué compañía lleva a cabo la obra. Lo que sí han confirmado es que no hay un proyecto ejecutivo, y que el diseño y las especificaciones han sido modificadas.

El jueves 30 de enero, un grupo de personas fue llevado a la Ciudad de México para conocer el centro de reciclaje de Azcapotzalco, pues se les planteó un modelo similar, pero al día siguiente se les informó que había otro proyecto basado en el reciclaje de la empresa privada Ecotec, en Tamaulipas.

El gobierno de Salomón Jara niega que se trate de un basurero, lo define de centro de reciclaje, donde se separarán los residuos, serán aislados y transportados a San Pedro Totolapam, donde se planea un tiradero con un costo de 600 millones de pesos.

Al inicio del gobierno se buscó construir el basurero en la zona arqueológica de Mitla, pero el proyecto fue rechazado por la población. La postura del gobierno estatal es que ahora no habrá marcha atrás en el tiradero y justificó el desalojo por la Catem Joven con el argumento de que el sindicato transportista tiene derecho a seguir trabajando.

El proyecto va, eso es definitivo, no hay intención de cambiarlo de lugar, porque no va a contaminar y cumple con los estándares internacionales, justificó el mismo 14 de enero el secretario de Gobierno. En efecto, la obra no se ha detenido y continúan los trabajos con maquinaria pesada. El lunes 3 de enero un camión que transportaba una aplanadora causó un apagón.

En su ir y venir para tratar de frenar la obra, los vecinos se presentaron el 13 de enero a las oficinas del alcalde de San Antonio de la Cal, Porfirio Santos Matías, quien se escondió, cerró la puerta del despacho, apagó las luces y salió por una puerta lateral. Los policías municipales tomaron fotos a las personas y les ordenaron desalojar.

Recuerdan que durante el trayecto de regreso a su colonia fueron seguidos de cerca por una patrulla municipal y una motocicleta.

Nuevamente, el 5 de febrero, enviaron al alcalde un acta de asamblea de la integración del comité vecinal de la tercera sección, La Soledad, para convocarlo a una reunión, pero Santos Matías desconoció de manera íntegra al comité y sostuvo que sólo reconoce a Primitivo López Reyes, quien se autonombró representante comunal y respalda el proyecto.

Integrantes de los comités de las colonias afectadas solicitaron medidas cautelares ante la amenaza permanente, pero la respuesta de la defensoría del estado fue que no ha lugar a otorgarlas, porque no existe riesgo real de agresión.

Crisis de agua

La capital del estado y su zona conurbada padecen también escasez de agua. Las colonias aledañas al centro histórico reciben el líquido por tandeos mensuales y el abasto es a través de pipas, que ya se han vuelto parte del paisaje oaxaqueño y cobran entre mil 500 y 10 mil pesos por 10 mil litros.

La escasez agravó el costo del servicio, que el año pasado era de 100 pesos por pipa. Se trata de un negocio no regulado y el agua se extrae de pozos o se trae de San Agustín Etla y el manejo es opaco, señala el regidor del ayuntamiento de la capital Martín Vázquez.

El río Atoyac nace en Telixtlahuaca, pasa por Huitzo y San Jacinto Amilpas. Aunque antes surtía de líquido a Oaxaca, hoy sólo lleva aguas negras que van a desembocar en la costa, cerca del Río Grande, rumbo a Pinotepa Nacional.

La administración del suministro está a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que depende del gobierno del estado, aun cuando se trata de un asunto municipal.

Eso sí, desde ahora el sistema ofrece a sus usuarios descuentos de hasta 100 por ciento a los usuarios al corriente en sus pagos.