Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que separó del cargo a un agente del Ministerio Público (MP) y a un comandante de la Policía de Investigación que estuvieron a cargo de la operación Atarraya, desplegada el fin de semana pasado, y por la que se clausuraron más de 300 barberías y estéticas, donde presuntamente se cometían actos delictivos.

Después de protestas y la difusión de videos en los cuales se observa a agentes ministeriales que siembran evidencias en los negocios, la FGJEM emitió un comunicado el lunes a la medianoche, en el que informó que destituyó a dos servidores públicos responsables de una diligencia practicada en la delegación Santiago Miltepec, en Toluca.

La fiscalía mexiquense mencionó que los señalamientos de presuntas irregularidades o inconsistencias durante el operativo, y en particular respecto a seis grabaciones, sólo corresponden a cuatro inmuebles. Apuntó que dos de ellos fueron captados en una misma acción, en la que una persona deja caer un envoltorio que afirma contiene narcóticos.

Agregó que abrió una investigación de oficio en relación con los hechos señalados en esos dos videos, así como con los cuatro restantes, y por cualquier otra manifestación similar en el contexto de la operación, a efecto de establecer las responsabilidades correspondientes.

La FGJEM agregó que del 1º de enero de 2022 al 6 de febrero de 2025 se documentaron mil 337 conductas delictivas en establecimientos tipo barberías de los que destacan 38 homicidios y feminicidios; 25 casos de secuestro, desaparición, trata y privación de la libertad; así como 77 delitos de violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual.

Citó que se registraron 206 hechos de lesiones en diferentes modalidades, ya sea por arma de fuego, instrumento punzocortante u otras; 196 denuncias por ilícitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en hipótesis de posesión simple, con fines de comercio y de suministro; al igual que numerosas denuncias por disparo de arma de fuego, ataque peligroso y portación de arma de fuego.

La fiscalía también reconoció que esos comercios han sido víctimas de conductas delictivas, siendo las más recurrentes los robos en todas sus modalidades, daño en los bienes y extorsión. Expuso que, resultado de investigaciones, se ha sometido a la acción de la justicia a varios sujetos.

Por lo que hace a señalamientos de que la FGJEM exige 80 mil pesos para la devolución de cada establecimiento, sostuvo que “la eventual restitución de los inmuebles no tiene costo alguno, por lo que se invita a que estos hechos sean denunciados de inmediato ante el agente del MP o por cualquier medio de denuncia de esta institución como lo es el correo electrónico [email protected]”.

Ayer, la gobernadora Delfina Gómez y el resto de los funcionarios que participan en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz mexiquense manifestaron su apoyo a las acciones realizadas en el contexto de la operación Atarraya.