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Presenta la FGJ plan de política criminal y de persecución penal 2025
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de febrero de 2025, p. 28

La Fiscalía de Investigación del delito de Extorsión que se creará a partir de la reforma aprobada por el Congreso capitalino en diciembre pasado contará con agencias especializadas para atender las denuncias por cobro de piso y telefónica; buscará fortalecer la detección temprana de casos en coordinación con comerciantes, cámaras de comercio y empresarios, y habilitará canales de denuncia anónima y segura.

Estas acciones son parte de las líneas de acción que la Fiscalía General de Justicia capitalina planteó en el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2025 que entregó al Congreso capitalino para atender éste y otros delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, violación, violencia familiar, robo de vehículos y autopartes y delitos contra menores y adolescentes, entre otros.

En el caso del delito de despojo, refiere variaciones en los últimos cinco años, pero con una tendencia a la baja con 3 mil 879 denuncias el año pasado contra 3 mil 994 de 2023, conducta que puede involucrar casos aislados como de redes criminales y plantea identificar responsables clave, al advertir que un reducido número de individuos puede estar vinculado a múltiples casos.

El plan y el programa marcan como prioridad bajar la incidencia de homicidios y que los casos no queden impunes, mediante la creación de seis nuevas Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP), que permitan un despliegue inmediato en el lugar de los hechos y la creación de una unidad de análisis.

Para atacar el delito de feminicidio, la fiscalía especializada para la investigación de estos casos se sumará al esquema de operación de las UCP, también para una mayor capacidad de reacción, se actualizarán protocolos y se creará un comité de validación que analizará todos los casos de muertes de mujeres con perspectiva de género.

La atención al delito de violación se fortalecerá con la priorización de los casos en los que se conoce la identidad del agresor e iniciará un proceso de revisión y reactivación de carpetas, la evaluación de pruebas y la promoción de diligencias complementarias.