En la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se consideraron medidas para incentivar el acceso como jueces, ministros o magistrados a integrantes de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y las mujeres, lo que se tradujo en actos de discriminación que serán denunciados ante las autoridades electorales.

Juristas indígenas pidieron la aplicación de acciones afirmativas para garantizar que los profesionistas de pueblos originarios puedan ocupar puestos de juzgadores, especialmente en las localidades donde ellos comprenden mejor la cosmovisión, el idioma y los usos y costumbres de las comunidades.

El abogado indígena Reynaldo Amadeo Vázquez Ramírez, hablante de maya ch’ol y originario de Chiapas, participó en la selección para renovar el PJF, pero no fue considerado como candidato.

Yo me registré ante los comités de evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero hay algunas cosas que no están claras y no ha habido mucha transparencia en el proceso. Por ejemplo, no supimos cuántas personas realmente se anotaron, además de que hubo inconsistencias en los listados, señaló Vázquez, quien se ha dedicado a la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.

Acciones afirmativas

Pero más allá de las fallas en el registro de los candidatos y que no les informen por qué no avanzaron en el proceso, la principal inconformidad de muchos de ellos es la falta de mecanismos para promover la participación de personas de grupos vulnerables.

Pudieron haber puesto en marcha acciones afirmativas para los pueblos indígenas. Somos 23.2 millones de personas que nos autoadscribimos como parte de ellos y no es posible que al día de hoy no haya jueces federales, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de origen indígena, a pesar de que comprenden su cosmovisión y tienen perspectiva intercultural para resolver mejor los asuntos en que estén involucrados los pueblos originarios.

Para Vázquez (maestro en derecho por la UNAM que actualmente cursa el doctorado en esa materia en El Colegio de Morelos), una forma de corregir dichas fallas es la promoción de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (conocido como JDC) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Leticia Sánchez, abogada hablante de maya tseltal, quien cursa la maestría en derechos humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coincidió en que desde un principio, las personas indígenas no fueron requeridas para formar parte de la renovación del PJF, lo que constituye un acto de discriminación. Llamó a aplicar acciones afirmativas para los pueblos originarios en el proceso electoral judicial de 2027, y respaldó la idea de interponer acciones legales para garantizarlo.