La publicación de las modificaciones a los lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados públicos en la Gaceta Oficial de enero pasado, dentro de la materia de simplificación y digitalización de trámites, dividió a locatarios de algunos centros de abasto que se deslindaron de la marcha convocada por el movimiento plural, que mañana partirá de distintos puntos de la ciudad hacia la Secretaría de Desarrollo Económico.

A decir de Óscar Ángel Hidalgo, del mercado artesanal mexicano 414, en Coyoacán, los lineamientos son perfectibles, por lo que señaló que es necesario arrancar las mesas de trabajo con funcionarios de la dependencia sin la derogación del documento publicado, como exige el movimiento plural.

Con las reformas, la secretaría pretende empezar el proceso de digitalización de los 340 mercados, que para los quejosos significa poner en riesgo su patrimonio ante la falta de actualización de las cédulas en la mayoría de los locales.

En contraste, Hidalgo mencionó que los locatarios deben presentar propuestas para poner candados en el contenido de los lineamientos que supuestamente les pueden afectar, al reconocer que sí hay división entre los integrantes y líderes.

Agregó que los lineamientos son por el bien de los más de 70 mil locatarios, porque están hechos no para uno, sino para todos, y se tiene que trabajar para corregir lo que ya se publicó, y no derogar el documento.

Por otra parte, en redes sociales circuló un documento en el que representantes de 33 mercados de Venustiano Carranza expusieron que han tenido acercamiento con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico con las que acordaron “respeto al reglamento de mercados publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1º de junio de 1951 y los derechos adquiridos dentro de los cuales se encuentra la cédula de empadronamiento reglamentaria”.

Por su parte, el movimiento plural ratificó que una persona puede acreditarse como titular de un local sin serlo y convertirse en el propietario por medio de la afirmativa ficta, que aplicará en caso de que la alcaldía correspondiente no responda en 15 días.