n juez federal paralizó el ultimátum dado a más de 2 millones de funcionarios estadunidenses para que decidieran si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización o son despedidos de manera inmediata. La oferta del gobierno de Donald Trump consiste en mantener hasta el 30 de septiembre los sueldos y beneficios de quienes se acojan a la medida a cambio de renunciar, entre otras cosas, a emprender cualquier acción judicial posterior. De acuerdo con la Federación Estadunidense de Empleados del Gobierno (AFGE por sus siglas en inglés, la cual representa a 800 mil trabajadores), se trata de una estafa, pues la Casa Blanca carece de facultades tanto para hacer los despidos como para ofrecer los desembolsos, ya que todas las asignaciones presupuestales deben ser aprobadas por el Congreso.

El intento de deshacerse de semejante cantidad de empleados públicos retrata, tanto en el fondo como en las formas, la captura del Ejecutivo por parte de un puñado de oligarcas, el más prominente de los cuales es el hombre más rico del mundo, Elon Musk. El asalto al poder por parte del fundador de Tesla es tan cínico que la primera notificación de las invitaciones a dimitir tuvo lugar en un correo electrónico con el mismo encabezado usado por Musk cuando liquidó a 80 por ciento de los trabajadores de la red social X.

Asimismo, indica que el desmantelamiento de la administración pública forma parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo burocrático a la sustitución de la muy imperfecta democracia estadunidense por una plutocracia formal. Así lo denunció un integrante de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, quien declaró bajo condición de anonimato que el decreto de Trump no busca reducir de manera ordenada el tamaño del gobierno, sino infundir pánico a fin de que los trabajadores huyan y dejen tras de sí una parálisis gubernamental. Ésta no sería una consecuencia no deseada de la acción, sino parte de los objetivos del republicano y su grupo de colegas multimillonarios que financió su segunda campaña presidencial.

En este contexto, el freno al desguace del gobierno, así sea temporal, es una noticia alentadora no sólo para los 2 millones de afectados directos, sus familias y entorno, sino para todos los ciudadanos de a pie que se verían más desamparados que nunca si Trump y sus compinches avanzan en su programa. Otra señal de esperanza radica en la gestación de un frente muy amplio de descontentos, entre los que se cuentan ya no sólo los sectores progresistas históricamente opuestos al trumpismo, sino los empleados públicos, obreros automotrices, descendientes de migrantes, mujeres e incluso empresarios que se han visto rápidamente desengañados acerca de los efectos de un gobierno que se proclama impulsor del libre mercado, pero que en realidad sólo beneficia a los magnates y logreros más cercanos al mandatario.

Aunada a la suspensión del decreto que acaba con la nacionalidad por nacimiento ( ius soli), dicha sentencia apunta a que los multimillonarios trumpianos encontrarán una resistencia jurídica y social más sólida que la calculada y que puede convertirse en la base de un movimiento social de una magnitud no vista en décadas en rescate de la democracia, la legalidad y el sentido común.