El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la posibilidad de emitir reglas en materia de género frente a la asignación de cargos de personas juzgadoras, a fin de regular ciertos parámetros y criterios de paridad.

La ley electoral faculta al INE para intervenir en las elecciones ordinarias del Poder Legislativo y gubernaturas con el propósito de garantizar un equilibrio, aunque poco se ha dicho de si el órgano tiene alcances frente a los resultados de la elección judicial del domingo primero de junio próximo.

Apenas ayer, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría del pleno determinó que no hubo violaciones en las reformas a las leyes electorales, igualmente frente a la elección extraordinaria en referencia. Ante acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI y Movimiento Ciudadano, la Corte resolvió además, entre otros puntos, que el concepto de invalidez en materia de paridad de género es infundado, porque existe un marco constitucional que garantiza ese concepto en todos los cargos de elección popular.

En ese contexto, los consejeros fijarán los alcances de lineamientos para la asignación de posiciones bajo el concepto de género.

Por lo pronto, en las sesiones de hoy, el Consejo General continuará con los preparativos de la elección judicial; en principio, sorteará la letra a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a la ciudadanía que será invitada para ser funcionario de casilla.

La primera delimitación para esta solicitud fue de la población nacida durante febrero y mayo; ahora se hará este cruce con el apellido.

Posteriormente, en sesión sin la presencia de partidos políticos, serán aprobados los lineamientos para la recolección y entrega de paquetes electorales, pues por primera vez los ciudadanos no contarán los votos, sino que sólo integrarán las bolsas con las boletas y el sentido de los sufragios se determinará en los consejos distritales del INE.

Otro punto central será la aprobación del modelo de casilla seccional, así como el diseño e impresión de la documentación electoral.

A partir de una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos, al INE le alcanzaría para instalar 83 mil 997 casillas seccionales, con la capacidad de recibir, en la mayoría de éstas, a 2 mil 250 electores.

Aun cuando acuda a votar un porcentaje mínimo de personas inscritas en la lista nominal, el INE tiene la obligación de preparar las condiciones operativas y logísticas como si acudieran a las urnas todos los electores.