Al no alcanzar los votos necesarios, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no logró ayer tumbar la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) de octubre pasado, que permitió el autofinanciamiento de los candidatos a jueces, magistrados y ministros para sus campañas rumbo a la elección judicial del próximo primero de junio.

La discusión del tema generó un nuevo roce público entre la ministra presidenta Norma Piña Hernández y la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Faltaron dos votos para declarar la invalidez

En la sesión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo planteó un proyecto que declaraba la invalidez del artículo 522, fracción I, de la citada norma, impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad por Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no alcanzó la mayoría calificada requerida de ocho votos debido al rechazo de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes competirán por el mismo cargo en dicha elección.

El precepto que continuará vigente señala: las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos.

Ante la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, sólo seis ministros dieron la razón a los partidos, que acusaron que dicha reforma establece un escenario inequitativo para los candidatos, al depender del poder adquisitivo o recursos propios con los que cuente cada uno para hacer campaña.

Lenia Batres planteó que no es correcto confundir la erogación de recursos propios de la persona candidata con el financiamiento privado prohibido en la Carta Magna.

Discusión de impedimento detonó el roce

Durante la discusión del asunto, Piña Hernández protagonizó un nuevo roce público con Batres.

Lo anterior se detonó cuando el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó si Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf deberían estar impedidas de votar en el asunto, toda vez que ellas participarán en la próxima elección judicial del primero de junio para buscar el mismo cargo.

Batres y Ortiz coincidieron en que no hay impedimento, pues se basaron en una reflexión profunda y con base en criterios propios de la Corte.

Piña se limitó a contestar, pues dijo: no voy a prejuzgar por qué ellas consideraron que no estaban impedidas; mientras, el ministro Laynez reforzó su cuestionamiento, señalando que yo sí me hubiera abstenido, en caso de que él hubiera decidido participar en el proceso electoral.

En respuesta, la ministra Lenia Batres lanzó una acusación que provocó el roce con Piña, al justificar que ella no se declara impedida por ser un asunto relevante para el proceso de la elección judicial, el cual han querido constantemente obstruir desde el pleno de la Corte y desde el Poder Judicial de la Federación.

En respuesta, Piña expresó: yo rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial, y pidió el respeto que nos merecemos todos.

Batres negó haber faltado al respeto a alguien y tengo el derecho de externar los puntos de vista y de responder también a la discusión que se hace sobre este tema.