La respuesta gubernamental a la violencia asociada al uso ilegal de armas de fuego representó un costo al país de por al menos 1.5 puntos de producto interno bruto (PIB), alrededor de 450 mil millones de pesos a valor actual, en acciones de prevención de un problema que va en aumento y cuya magnitud es compleja de establecer en las mediciones oficiales y de organizaciones internacionales.

El mercado de armas en México, cuya proliferación es una de las causas de la violencia en algunas regiones del país, se mueve por pistas diferentes. Está, por un lado, el completamente regulado, tanto en la importación como exportación y del que existe un registro oficial. Un segundo es el contrabando a mayor escala, proveniente principalmente de Estados Unidos –que ha sido denunciado en el sistema judicial estadunidense por el gobierno federal– que nutre a las organizaciones del crimen organizado, y también está el contrabando hormiga, todavía más difícil de cuantificar por su propia naturaleza y que, igual que el segundo, termina en manos de los grupos generadores de violencia.

En el año reciente, el mercado formal de armas generó un intercambio comercial de México con el exterior –que considera compras y ventas internacionales–, por 199 millones de dólares, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Economía.

De esa cantidad, las ventas internacionales de armas a México sumaron 108 millones de dólares y el resto, 91 millones de dólares, correspondió a compras realizadas al país, según la información de esa dependencia, con datos actualizados al cierre de 2023, últimos disponibles.

Tamaulipas y Baja California son las dos entidades en las que se asientan las firmas que, principalmente, realizan las ventas internacionales de armas, y estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León son las que participan mayoritariamente en las compras internacionales.

El contrabando y el tráfico de armas en México es un negocio que llega a mover alrededor de 270 millones de dólares, de acuerdo con la ONU, aunque por la propia situación de ilegalidad de ese mercado, las cifras son divergentes entre diversas fuentes que se ocupan del tema.

Una de las formas en que principalmente viajan las armas que se contrabandean de Estados Unidos a México es a través de compradores testaferros, o tráfico hormiga, estableció un reporte del Centro de Políticas sobre Violencia, organización con sede en Washington. Los traficantes de armas, relató, inducen a personas a comprar legalmente en las tiendas estadunidenses, quienes las entregan a los traficantes a cambio de una recompensa. Luego, el delincuente organiza por diferentes vías el comercio a México.

Además de la cifra ofrecida por la ONU, otra estimación similar sitúa en torno a los 224 millones el comercio ilegal de armas. Fabián Medina, entonces jefe de la oficina de la cancillería mexicana, publicó en 2020 un estudio en la Revista Mexicana de Política Exterior, en el que menciona algunas vías de tráfico y los recursos movilizados.

Explicó: “se calcula que el tráfico de armas y sus partes que pasan de manera clandestina a México por la frontera norte alcanza la cifra de hasta 250 mil armas al año.

No obstante, este monto constituye sólo 2.2 por ciento de las ventas totales de armas en Estados Unidos que, en 2018, sumaron aproximadamente 13.1 millones de piezas, con ingresos de 10 mil 508 millones de dólares. Es un porcentaje mínimo equivalente a 224 millones de dólares que, al cerrarse el flujo a México, no afectaría mayormente las ganancias del mercado de armas estadunidense.

Explica que, además del impacto en términos de pérdida de vidas, la prevención de delitos con armas de fuego ha tenido altos costos financieros para México, que calcula en hasta 1.5 por ciento del PIB, que, dice, son recursos del presupuesto que podrían destinarse a otros rubros a favor del desarrollo.

El flujo de recursos generado por esta práctica ha ido en aumento. Si las últimas estimaciones sitúan entre 224 y 270 millones ese mercado, un informe del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, estableció que entre 2010 y 2012, el tráfico de armas generó ganancias por 127 millones de dólares al año, cuatro veces más que lo calculado para cada año entre 1997 y 1999.