Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó ayer de que si no hubiera puesto sobre la mesa el incremento de aranceles cuando su par colombiano, Gustavo Petro, se negó a autorizar el aterrizaje de aviones militares con deportados esposados y encadenados, la situación podría haber sido diferente y el tema no se habría solucionado con tanta rapidez.

Miren a Colombia, todo el mundo decía que iba a ser un desastre. En una hora estaba todo solucionado. ¿Por qué? Aranceles, aranceles, comentó ayer el magnate al referirse a la crisis diplomática del pasado 26 de enero.

Sin eso no me hubieran tratado, al final, como lo hicieron después: con amabilidad, añadió Trump.

El mandatario destacó que no quiere mencionar este tipo de ejemplos, pero es importante que quede claro que con las tarifas por delante la balanza cambia por completo. No quiero dar nombres, no quiero mencionar países, pero sí creo que las tarifas son poderosas, concluyó.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, avanzó en el proceso de poner fin a la protección contra la deportación de cientos de miles de venezolanos como parte de las medidas antimigratorias de Trump.

La decisión significa que unos 348 mil venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) perderán el acceso a permisos de trabajo en abril, de acuerdo con un aviso del gobierno que sostiene que las condiciones en Venezuela ya no justifican las protecciones que, además, son contrarias a los intereses del país.

Trump asumió el cargo el 20 de enero con la promesa de acabar con la inmigración y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley. El republicano intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS durante su primer mandato, pero fue bloqueado por tribunales federales.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen haya experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento.

El ahora ex presidente Joe Biden amplió el programa y ahora cubre a más de un millón de personas de 17 naciones. Muchos de esos migrantes, incluidos algunos que han estado en Estados Unidos durante décadas, podrían ser vulnerables a una deportación inmediata si pierden el estatus.

Cientos de miles de venezolanos llegaron a Estados Unidos durante la presidencia de Biden, muchos a través de vías humanitarias legales, y deportarlos ha sido un desafío debido a las frías relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El sábado, Trump dijo que el país sudamericano aceptó recibir a todos los deportados.

La semana pasada, Noem revocó una extensión de 18 meses del TPS para los venezolanos por parte de su predecesor, Alejandro Mayorkas, con el argumento de que el gobierno de Trump no quería estar atado por la determinación de la era Biden.

Alrededor de 300 mil venezolanos tienen protecciones del TPS que expiran en septiembre y no se vieron afectados por la decisión de ayer.

La terminación estará vigente 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

Grupos defensores de los migrantes demandaron al gobierno de Estados Unidos por prohibir el acceso al asilo en la frontera sur, y argumentaron que dichas restricciones son ilegales y ponen en peligro a personas que huyen de la violencia.

La decisión del gobierno, detallada en una de las órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración de Trump, es ilegal y sin precedente, sostuvieron los grupos que presentaron la demanda en un tribunal federal de Washington.

“El gobierno está haciendo justo lo que el Congreso, por estatuto, decretó que Estados Unidos no debe hacer. Está devolviendo a los solicitantes de asilo –no sólo a adultos solteros, sino también a familias– a países donde enfrentan persecución o tortura, sin permitirles invocar las protecciones que el Congreso ha proporcionado”, escribieron los abogados.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles presentó la demanda en nombre del Proyecto Florence, con sede en Arizona, Americas Immigrant Advocacy Center (Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas), con sede en El Paso, y Raices, con sede en Texas.

En una orden ejecutiva, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituye una invasión y que suspendía la entrada física de migrantes hasta que él decida que dicha invasión ha terminado.

La orden ejecutiva también suspendió la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo.

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que Estados Unidos pretende someter a los países de América Latina y el Caribe, y convocó a la unidad entre las naciones de la región.

Quiere someternos

Hoy el gobierno de Estados Unidos pretende definir las opciones de los países de la región: someternos o ser objeto de agresión, afirmó en videoconferencia ante la 12 cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).

Su par de Bolivia, Luis Arce, rechazó los discursos de odio y xenofobia y recriminó que se trate como delincuentes a los deportados.

También rechazó las políticas de deportación forzada aplicadas por Estados Unidos, pese a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1948, la cual reconoce la libre movilidad de las personas.

Ayer, los países miembros de la Alba-TCP evaluaron la posibilidad de crear un fondo que les permita atender a los migrantes que retornan a sus países de origen y programas de producción de alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria en la zona.

A su vez, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, acusó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas de servir de instrumento para agredir a su país.

Reiteró que la salida de venezolanos fue producto de las sanciones criminales que se aplicaron contra nuestra economía, que hizo que pasáramos de 56 mil millones de dólares de ingresos a 700 millones.

Detalló que a consecuencia de las sanciones migraron cerca de 2.5 millones de venezolanos. No obstante, aseguró que han retornado más de 1.2 millones.

El viernes Maduro se reunió con Richard Grenell, enviado especial de Trump, con quien conversó sobre la migración. Un día después, el magnate aseguró que Venezuela acogerá a todos sus ciudadanos que se encuentran sin papeles en Estados Unidos.