n 1916 el constitucionalismo se había consolidado como la corriente ganadora de la Revolución. La División del Norte había sido aniquilada en las grandes batallas de 1915 y aunque Villa, con un puñado de seguidores, mantenía una tenaz lucha guerrillera en la sierra de Chihuahua, no representaba ninguna amenaza para el poder central que Venustiano Carranza estaba consolidando. El zapatismo resistía también heroicamente en Morelos la brutal ofensiva constitucionalista encabezada por Pablo González, pero no podía desafiar el poder del nuevo Estado que construían los jefes ­carrancistas.

El Estado oligárquico que había consolidado Porfirio Díaz no fue desmantelado por la revolución maderista y resistió bajo la dictadura de Victoriano Huerta. Éste encabezó una contrarrevolución conservadora que abortó, con un golpe militar, el proyecto democrático maderista.

La muerte de Madero produjo un resurgimiento de la revolución. Muchos de sus antiguos compañeros se levantaron en armas nuevamente. A ellos se sumaron muchos más, con agravios y demandas que iban más allá de la revolución política del presidente caído. Se constituyeron grandes ejércitos revolucionarios, el constitucionalista, el villista y el zapatista, cuya acción derrotó, en año y medio, a la dictadura contrarrevolucionaria huertista. Esa segunda etapa de la revolución fue más violenta y destructiva que la etapa maderista. Además, sus líderes no cometieron los errores de Madero: no dejarían en pie al Estado oligárquico, destruirían al ejército, harían reformas sociales inmediatas y comenzarían a construir, sobre las ruinas del viejo Estado, uno nuevo.

En los meses que van del asesinato de Madero a la renuncia de Huerta, los ejércitos revolucionarios expropiaron los bienes de buena parte de las oligarquías regionales, hicieron huir a los terratenientes, ocuparon sus haciendas, al igual que muchas de las empresas, comercios y bancos que controlaba la élite económica porfirista. En la medida en que fueron derrotando al ejército huertista, tomaron el control de los territorios, nombraron nuevas autoridades, desaparecieron los poderes locales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los jefes revolucionarios administraron la justicia, controlaron la producción, el comercio, las vías de comunicación y el transporte, emitieron su propia moneda y una nueva legislación, en la que fueron haciendo realidad las principales demandas de la revolución: tierra, trabajo, educación, libertad municipal, justicia. En esos 15 meses, los ejércitos revolucionarios transformaron, desde abajo y con la fuerza de las armas, al país que existía en 1910. En los hechos, los ejércitos constitucionalista, villista y zapatista estaban construyendo estados regionales emergentes.

Derrotado Huerta, se abrió un paréntesis de negociación entre los ejércitos revolucionarios. La Soberana Convención Revolucionaria fue el intento fallido de formar un gobierno y definir un programa revolucionario apoyado por los tres grandes ejércitos. Al fracasar la convención, se abrió una guerra civil entre los revolucionarios en que triunfó el constitucionalismo. Hacia fines de 1915 y principios de 1916 Carranza empezó la reconstrucción del Estado nacional, destruido por la Revolución. Sería un proceso paulatino. Por entonces, el coahuilense se había convencido de que la Revolución había hecho obsoleta la Constitución de 1857 y que había que hacer una nueva. Sin embargo, sus principales asesores jurídicos, Luis Cabrera, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, le hicieron ver que la Constitución de 1857 no permitía que se la derogara y se creara otra. Optó por introducir reformas importantes en la Carta Magna, que incluyeran las transformaciones sociales y políticas que ya se habían hecho en los estados a través de leyes y decretos promulgados por el primer jefe o por los gobernadores constitucionalistas más radicales. Además, había que reconstituir la organización política del país desde sus bases. Comenzó por restablecer los ayuntamientos. El 12 de junio de 1916 emitió la convocatoria nacional para elegir a las autoridades municipales. Las elecciones generales, sin embargo, ten­drían una importante restricción: no podrían ser elegidas personas que hubieran sido enemigas del constitucionalismo, es decir, que nadie ligado al porfirismo, al huertismo, al villismo o al zapatismo tendría cabida como representante popular. Carranza y los suyos creían que esa era la manera de impedir que se pusiera en riesgo a la revolución que ellos representaban. Las elecciones por voto directo tuvieron lugar el 1º de octubre de 1916. El 14 de septiembre de ese año convocó a elecciones para un Congreso Constituyente. En la convocatoria, expresó una dura crítica a la Constitución de 1857 cuya bondad indiscutible de los principios en que descansa y del alto ideal que aspira a realizar el gobierno de la nación, continuará siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido el país.

Carranza sabía que no podía hacerse a un lado la Constitución de 1857, que establecía el procedimiento para restablecerla si, por alguna causa, se veía interrumpida su observancia. Pero esa misma Constitución establecía también el mecanismo para reformarla, mediante un Congreso Constituyente que sería el conducto para que se expresara la soberanía esencial y originaria del pueblo, que no tenía límites, tal y como lo señalaba su artículo 39.

El Congreso Constituyente reformaría la Constitución del 57 para ponerla al día y adecuarla al nuevo país que estaba surgiendo con la Revolución.