Quito. El 31 de diciembre se realizará la audiencia de formulación de cargos contra 16 militares por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, con posibilidad de ampliar la acusación contra las más altas autoridades del gobierno de Daniel Noboa.

Una figura penal de esa naturaleza podría imponer una sentencia hasta de 21 años de cárcel para esos militares.

Sybel Martínez, experta en derechos de la niñez y la adolescencia, añadió que en la próxima audiencia se podrían imputar delitos contra el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo y los altos mandos de las fuerzas armadas y hasta llevar a juicio político al propio presidente Noboa dada la naturaleza del delito y de las implicaciones en el manejo irregular, contradictorio y errático de la detención de niños, que tiene otro tipo de procedimientos, de acuerdo con normas internacionales.

Mientras tanto, hasta el cierre de esta edición no se había producido el reconocimiento e identificación de los restos de cuatro cuerpos incinerados en el pueblo de Taura, a 16 kilómetros de Guayaquil, donde fueron detenidos ilegamente los menores. De acuerdo con los organismos de derechos humanos, una identificación científica sólo se podría realizar con un examen de ADN, y para ello se deben esperar entre 30 y 40 días.

Ayer, Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), declaró a La Jornada que el primer fiscal que recibió la denuncia pidió a los familiares de los niños, desaparecidos el 8 de diciembre en el barrio La Malvinas de Guayaquil, que callaran. La Fiscalía no atendió la denuncia ni hizo lo que se debió, hasta que 10 días después el caso se hizo mediático y entonces se cambió de fiscal.

Al mismo tiempo, Navarrete comentó que en la audiencia donde se ordenó la prisión de los 16 militares, el 24 de diciembre, no se pudo demostrar que la detención de los niños tuvo lugar, como afirmaron dos de los uniformados a un portal digital, porque se encontraban robando a una chica con armas de juguete que fueron pisadas en la persecución por sus captores.

Los militares también dijeron que no los agredieron; sin embargo, en el video difundido sobre la aprehensión se observa que a uno de ellos lo golpean en más de tres ocasiones.

El fiscal Christian Fárez, que lleva el caso, sostuvo que no hay ningún sustento, pruebas, testigos o evidencias sobre el supuesto robo.

Por otra parte, Jesús López, el abogado de los 16 soldados acusados en este caso, denunció que los comandantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana obligaron a sus defendidos a llevarlos hasta el lugar donde abandonaron a los menores. Aseguró que acompañados de un séquito de 40 militares más, hicieron un barrido de la zona buscando cadáveres. Ahí encontraron un par de zapatos y una camiseta que dicen pertenece a un desaparecido, pero no está confirmado, comentó López a un medio de prensa guayaquileño.

El presidente ecuatoriano ha mantenido silencio en torno a estos elementos, después de que el 24 de diciembre propuso declarar a los niños como héroes nacionales. En cambio, su ministro de Gobierno, José de La Gasca, declaró ayer: No estamos prestos para cubrir absolutamente nada; si es que se ameritan sanciones penales o administrativas, la justicia tendrá que decirlo.