homas Homan, quien será zar para la frontera en el próximo gobierno de Donald Trump, dijo que está sobre la mesa la posibilidad de usar bases militares para detener migrantes y aviones de las fuerzas armadas a fin de acelerar las deportaciones. En la primera administración del magnate, Homan fue el artífice de la política de separación de familias y de meter a niños en jaulas como si se tratase de animales, extremos de crueldad que el propio Trump presumió como mecanismos disuasorios contra la llegada de buscadores de asilo. En semanas recientes, Homan ha insistido en que estas violaciones a los derechos humanos serán puestas otra vez en marcha a una escala masiva; culpó de ellas a los migrantes por tener hijos dentro de Estados Unidos a sabiendas de que su estatus migratorio era irregular y aseguró que él no desea separar a las familias, pero no tiene otra opción porque su deber es cumplir la ley.
La última aseveración de Homan se inscribe en el discurso, según el cual la cacería antimigrante no es motivada por el odio racial ni por pulsiones fascistas de control, sino por un gran celo en el cumplimiento de la ley; en este caso, las que establecen los requisitos para ingresar y permanecer en territorio estadunidense. Se trata de una descarada mentira: lo cierto es que la campaña xenofóbica de Trump y sus correligionarios se basa en el quebrantamiento sistemático de las leyes de su propio país, de las normas internacionales y de los derechos humanos universales.
Si el interés del magnate y sus secuaces fuera la aplicación de la ley, tendrían que comenzar por desautorizar al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha usado al menos 11 mil millones de dólares para militarizar la frontera, detener migrantes, instalar barreras sobre el río Bravo y empujar personas al mismo; todo ello de modo completamente ilegal, puesto que la política migratoria es potestad exclusiva de la Federación. Se verían obligados a denunciarse a sí mismos por la separación de familias y la desaparición forzada de niños, las cuales califican como actos de tortura por constituir formas de dolor o sufrimiento severo infligidas para un propósito inapropiado por un agente de un estado. Tendrían que impugnar a su líder si concreta su amenaza de negar la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en territorio estadunidense, forma de discriminación que contradice la enmienda 14 constitucional. Deberían, también proceder contra Trump, Homan y todos los funcionarios de la primera presidencia trumpista o de la que está por iniciar, que promuevan la embestida militar contra civiles y la suspensión del derecho a la petición de asilo.
Asimismo, si lo que molestara de los migrantes fuese su falta de documentos, no se habrían cerrado casi por completo los caminos para la entrada regular a Estados Unidos, como se hizo en el primer mandato de Trump.
Dado que las leyes no detuvieron a los ultraderechistas en 2017-2020 y que tienen menos probabilidades de hacerlo ahora que el magnate se aseguró una lealtad inédita dentro del Poder Judicial, lo único que queda a México y otras naciones afectadas por la ola xenofóbica es prepararse para defender a sus connacionales y su soberanía. En este sentido, cabe saludar las medidas anunciadas ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el canciller Juan Ramón de la Fuente, mediante las cuales se reforzará el sistema de asistencia consular a los mexicanos que residen en Estados Unidos y, al mismo tiempo, se transformará al Instituto Nacional de Migración, a fin de que sea un organismo de apoyo a la movilidad humana.
Con éstas y otras políticas, México no sólo protegerá a sus propios ciudadanos, sino que asumirá el reto de atender a las personas que llegan aquí desde todas las regiones del mundo en su intento de alcanzar suelo estadunidense; un enfoque que honra la tradición humanista mexicana y marca una importante distancia ante la deriva fascistoide en el país vecino del norte.
