a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por el intento de dar un albazo antes de su extinción con la entrega de nuevas concesiones, las cuales se echarán para atrás. La mandataria adelantó que en su conferencia de prensa informará a la ciudadanía acerca de las maniobras con que el IFT quiso dar un regalo de despedida, y reiteró la pertinencia de desaparecer siete organismos falsamente autónomos e integrar sus funciones a las respectivas secretarías o a dependencias descentralizadas que lleven a cabo el mismo trabajo sin el dispendio que ha caracterizado desde su creación al INAI, el Coneval, la Cofece, la Comisión Reguladora de Energía, la de Mejora Continua de la Educación y la de Hidrocarburos.

Con su postrero trapicheo, los consejeros del IFT salen como llegaron todos o casi todos los directivos de los organismos extintos: cargados de conflictos de intereses, de espaldas a la sociedad, alineados a los grupos mafiosos que los nombraron, entregados a los intereses privados y en connivencia con las firmas a las que deberían regular y mantener dentro de la ley.

En efecto, la autonomía ha sido la gran falacia de estas instancias creadas bajo las presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para arrancar de manos de la ciudadanía la facultad de decidir en torno al uso de recursos y sectores estratégicos y garantizar que los intereses de los grandes capitales estuvieran custodiados por élites tecnocráticas cuya lealtad estaba en las trasnacionales a las cuales aspiraban a saltar.

Desde su creación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el IFT se conformó con personajes que pasaron directamente del gabinete al instituto o que asesoraban a la iniciativa privada acerca de cómo acceder al mercado que tendrían que vigilar. En algunos casos, su trayectoria dentro de las administraciones de derecha era tan amplia que no hay manera alguna de argumentar su imparcialidad o idoneidad para el puesto. Esta puerta giratoria de los partidos neoliberales a los organismos autónomos es incluso más escandalosa en el INAI: el fallecido Alonso Lujambio Irazábal fue comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, antecesor del INAI) de mayo de 2005 al 6 de abril de 2009. El mismo día en que dejó la presidencia del organismo, Felipe Calderón lo nombró secretario de Educación Pública. Menos de tres meses después, se afilió al PAN, partido que lo hizo senador plurinominal en 2012. Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI en el periodo 2014-2017, fue diputada federal plurinominal del PRI en 2018-2021. María Elena Pérez-Jaén Zermeño, consejera en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal de 2003 a 2006 y comisionada en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de 2006 a 2009, fue coordinadora de Comunicación y Enlace con la Sociedad en la Fundación Colosio de 1998 a 2000, y de 2021 a 2024 fue diputada federal plurinominal del PAN.

Queda probado que el argumento de la independencia de los organismos era una mera fachada para la colocación de alfiles de la derecha partidista, corporativa, y del brazo del empresariado que registra membretes para presentarse como sociedad civil. Si a ello se suman los lujos injustificables de los altos funcionarios, su sistemática violación de la ley –con la complicidad del Poder Judicial– para autoasignarse remuneraciones mucho mayores a las que les permite la Constitución y el daño que han hecho al país con su empeño en desmantelar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, está claro que estos baluartes del neoliberalismo no tienen razón de ser en una sociedad que ha elegido democráticamente apartarse de ese modelo ruinoso y buscar un camino propio hacia el desarrollo.