abiendo entrado a la recta final de la aprobación de la reforma judicial, se han expresado diversos posicionamientos sobre el posible impacto económico de su aprobación definitiva. No sorprende que se dé relevancia a opiniones que, si bien pudieran estar argumentadas, no tienen respaldo económico para sostener que la reforma mermaría la llegada de nuevas inversiones, restaría confianza a las industrias ya instaladas y tendría efectos inmediatos sobre el tipo de cambio y la calificación crediticia
. Más fuerte aún es que en este campo opositor se advierte que habrá recesión el año próximo ( Reforma, Negocios, pp. 1 y 5).
Junto con estas opiniones adversas, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, organismo empresarial privado, declaró que los empresarios tienen certidumbre en México, saben que la reforma judicial es un proceso en curso y reconoce que no nos estamos dando un balazo en el pie, seguimos creciendo y seguiremos creciendo
. Este contraste de opiniones pretende fundamentarse en hechos: los que anuncian una recesión señalan que se han perdido inversiones por 30 mil millones de dólares. El Consejo Empresarial mencionado les refuta: En 2023 el país captó 36 mil millones de dólares de capital foráneo y para 2024 se estima que supere 40 mil millones
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Entregando información para fundamentar la situación, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, ha indicado que “…tenemos registro de que sigue creciendo la inversión extranjera directa (IED)… no vemos ninguna afectación; sigue llegando IED”. Para mayor detalle, al cierre del primer semestre el flujo de IED alcanzó 31 mil 96 millones de dólares, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2023. La parte mayor de este flujo es reinversión de utilidades (30 mil 288 millones de dólares), lo que evidencia que empresas extranjeras con operaciones en México confían en el país; por eso reinvierten parte de sus utilidades para expandir sus operaciones.
De modo que lo que hay son opiniones que carecen de fundamento real. Esta manera de alterar la realidad se radicalizó luego del 2 de junio. Hubo muchos sorprendidos, no por la victoria de Morena en la elección presidencial, sino por el abrumador respaldo a la política de la 4T. Haber obtenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en más de 22 congresos estatales y una cifra muy próxima a ella en la de Senadores asustó a las empresas que asesoran a inversionistas nacionales y extranjeros. Recomendaron a sus asesorados modificar sus posiciones en pesos cambiándose a dólares y haciendo líquidas sus inversiones en bolsa. Se generaron, en consecuencia, efectos obvios: la paridad se modificó por el incremento de la demanda.
Estas primeras respuestas al resultado electoral se convirtieron en estrategias más generales con el fin de impedir la reforma judicial. Intervinieron nuevos actores, como el embajador estadunidense y las empresas asesoras, autollamadas el mercado
; construyeron un escenario en el que, primero, había que tratar de impedir que las mayorías calificadas se concretaran en ambas cámaras; luego movilizaciones y paros, incluso estudiantiles; volver a convocar a la marea rosa. Si nada de esto impedía la reforma, el paso siguiente es amenazar con desestabilizar la economía y provocar un momento recesivo. En ese momento estamos.
Este es el escenario actual. El gobierno entrante tiene que asumir los cambios en el entorno nacional, los intentos de radicalizar la resistencia a los cambios constitucionales siguientes, respondiendo en diversos ámbitos. Lo que esté claro es que se modificó la perspectiva inmediata. A quienes intentan resistirse no les importa que actores económicos relevantes nacionales y extranjeros mantengan su visión de que México sigue siendo económicamente atractivo y que, por ello, hay que seguir reinvirtiendo utilidades y hacer inversiones adicionales. Las respuestas gubernamentales ya se están planteando. Se tiene que dar en el ámbito político y en el económico.
En este último terreno, en el Paquete Económico 2025, que tiene que entregarse a la Cámara de Diputados muy pronto, tendrán que verse las consideraciones presupuestales en un entorno con diferencias respecto a lo que se esperaba hace algunos meses. La construcción presupuestal próxima incorpora decisiones presupuestales del lado del gasto público, así como el propósito de reducir el déficit fiscal a 3.5 por ciento del PIB, lo que indica un programa de consolidación fiscal. La primera decisión es insoslayable; en la segunda pudieran reconsiderarse las medidas a instrumentar para reducir el déficit. Se abre una ventana de oportunidad en materia fiscal que debiera aprovecharse.
