urante meses, los opositores a la reforma del Poder Judicial aprobada ayer por el Senado intentaron amedrentar a los legisladores y a los ciudadanos con la especie de que dicha enmienda constitucional provocaría una catástrofe económica con fuga de capitales, cancelación o retiro de inversiones, devaluación y otros males debidos a la supuesta incertidumbre jurídica creada por la nueva norma. Tales versiones han sido rechazadas reiteradamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la mandataria electa, Claudia Sheinbaum; funcionarios del gobierno federal, y miembros del Congreso, quienes sostienen que los temores son producto de la desinformación y el golpeteo judicial-mediático.
Marcelo Ebrard, ex canciller y próximo secretario de Economía, descartó cualquier riesgo de que se frene la llegada de inversiones a México con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues su texto no contiene ninguna disposición que ahuyente al capital foráneo, el cual, además, está protegido por la Constitución y los tratados en la materia signados por el país. La actual titular de esa cartera, Raquel Buenrostro, informó que hasta ahora no hay evidencia de afectaciones. Por lo contrario, dijo, los trámites que se realizan ante la secretaría muestran el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), con un monto sin precedente de reinversión de utilidades que realizan las empresas foráneas, que son una señal de que éstas perciben estabilidad económica, buen ambiente de negocios y ventajas competitivas en el mercado local. Por ello invitó a quienes aún desconfían de la seguridad de los capitales a leer la reforma en vez de dejarse llevar por la desinformación.
En consonancia con la postura de las autoridades, ayer el peso se fortaleció frente al dólar, lo que permitió revertir parcialmente sus pérdidas recientes. Este movimiento en el tipo de cambio, que los analistas financieros explican con la desaceleración de la inflación en Estados Unidos y la baja en las expectativas de triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, sugiere que la depreciación de la moneda nacional tuvo más qué ver con el jaloneo político y el ruido mediático que con la reforma misma y que los agentes de mercado ya se hicieron a la idea de operar en el nuevo contexto, con independencia de sus opiniones personales sobre los cambios a la Constitución. Ayer mismo, el director general de una trasnacional argentina de comercio electrónico, bien conocida por la ideología extremista neoliberal de su dueño, afirmó que el entorno político no cambia sus planes de inversión en el país, por lo que continúa en marcha el despliegue de 2 mil 450 millones de dólares con el fin de incrementar su capacidad logística y operativa, así como de consolidar su división de tecnología financiera.
Por todo lo expuesto, es deplorable que algunas firmas con fuertes intereses en el país se empeñen en generar zozobra e instalar la idea de que el saneamiento de la judicatura socava el estado de derecho y hace que la ley sea propensa a una aplicación arbitraria
. Ya es tiempo de que ese puñado de compañías y sus voceros oficiales u oficiosos cesen su campaña de chantaje contra el país, acepten el fin de una época en la que los jueces y ministros han fungido como brókers de sus intereses y aprendan a hacer negocios en un entorno judicial apegado a la legalidad, en el que autoridades, empresas, colectividades y ciudadanos estarán mejor posicionados para combatir la corrupción, el influyentismo y la venalidad.
