Un juez de ejecución de sanciones penales otorgó cinco días hábiles a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al Gobierno de la Ciudad de México para que respondan al escrito presentado por los abogados del empresario Carlos Ahumada Kurtz en el que piden declarar prescrita la sanción privativa de la libertad por el delito de fraude genérico que se le imputa y cancelar la multa de 30 millones de pesos que se le impuso.

Ambas instancias deberán contestar y ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes; en caso de considerar testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados y el objeto sobre el que versará su testimonio.

El impartidor de justicia señaló que la negativa se entenderá como una aceptación de que no existe oposición a dicha solicitud respecto de la causa penal 404/2019 y, por lo tanto, se procederá a resolver la petición.

La Unidad de Gestión Judicial Especializada en ejecución de sanciones penales apercibió a ambas instancias de que si no responden en tiempo y forma se les impondría una multa de 2 mil 171.40 pesos, equivalente a 20 veces la unidad de medida actualizada.

La FGJ solicitó la extradición de Ahumada para que termine de purgar la sentencia de un año, 10 meses y 23 días que le faltan de cumplir por los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado, además de que pague la cantidad requerida por reparación del daño.

El empresario compareció el martes ante el impartidor de justicia con sede en el Reclusorio Norte, tras arribar a la ciudad de México procedente de Buenos Aires, Argentina, y recibir una invitación de la fiscalía capitalina a hacerlo.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público solicitó su reaprehensión para que cumpla dicha pena en internamiento, pero el juez de ejecución lo negó porque se encuentra vigente una suspensión provisional vigente por amparo.

Su abogado, Alfonso Arnáez, indicó que las autoridades mexicanas tenían el 12 de agosto de 2020 como fecha límite para ejecutar una orden de reaprehensión contra su representado, por lo cual ya no tiene nada que cumplir, pero será el juez quien lo determine.

El lapso de la orden ha operado en exceso, ya transcurrieron cuatro años y se encuentra prescrita, por lo que confió en que tras la audiencia que solicitaron, dicha prescripción sea definitiva.

Ahumada fue sentenciado a cinco años de prisión en 2009 tras la integración de la carpeta de ejecución EJEC.NTE/1621/2018 y el pago de 30 millones de pesos, pero sólo estuvo preso tres años, un mes y siete días, y no cubrió dicha multa.