Con efectos a partir de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 3/2024 del pleno de ministros que ordena a los tribunales del país congelar temporalmente el dictado de resoluciones de amparos y recursos en contra de la reforma de 2023 a la Ley Minera, dado que ella será la instancia que resuelva en definitiva sobre su constitucionalidad.

La medida dictada por los ministros fue acordada en sesión privada el pasado 11 de julio, aunque la Corte tiene pendientes por resolver 11 recursos: la acción de inconstitucionalidad 129/2023, la controversia constitucional 86/2024 y los amparos en revisión folios 337/2024, 379/2024, 391/2024, 422/2024, 465/2024, 466/2024, 476/2024, 571/2024 y 583/2024.

“En las contradicciones de criterios del conocimiento de los plenos regionales, así como en los amparos en revisión de los tribunales colegiados de circuito en los que subsista el análisis de constitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo de 2023, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta hasta en tanto este alto tribunal establezca el o los criterios respectivos y se emita el acuerdo general plenario que corresponda.”

El decreto impugnado reduce las concesiones mineras de 50 a 30 años, prohíbe que éstas se otorguen en áreas naturales protegidas, zonas que pongan en peligro a la población y sin disponibilidad de agua y se reserva para el Estado la exploración, explotación, beneficio, uso y aprovechamiento de los minerales o sustancias estratégicas, entre otros.