ra yo sólo un teniente de 24 años, alumno de la Escuela Superior de Guerra, cuando escuché por primera vez la argumentación hecha por un alto funcionario civil, el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, sobre lo innecesario de crear una sola Secretaría de la Defensa Nacional con la fusión de las dos secretarías militares, las de Defensa Nacional y Marina.
En mi juventud y consecuente escaso juicio político y administrativo, su tesis por simple me pareció casi ofensiva. Sostuvo que la unidad de mando está determinada en la Constitución, artículo 89, fracción sexta (facultades y obligaciones del presidente). Luego se largó un somnífero discurso constitucionalista.
Al término hubo un estruendoso aplauso, tal como lo teníamos ordenado para esas ocasiones. A pesar de la aclamación los asistentes nos sentimos defraudados por la irrespetuosa simpleza. ¿Nos creía tontos?
Sesenta años después sigue primando la evasión al análisis amplio e informado de un tema de tal calibre, al que hoy, producto de los tiempos, se debe agregar el considerar la nominación de un funcionario civil como secretario. En tal materia nuestro país es singular, es el único en el hemisferio occidental, es decir, Europa y toda América que sostiene a un militar como secretario.
Negar lo impostergable de unificar las tres fuerzas y dar al conjunto un secretario civil es una falsa precaución ante lo que podría llamarse síndrome del golpe
, aludiendo a la traición, a más de 110 años de Huerta contra Madero. Por años, oídos presidenciales han escuchado la embaucadora recomendación de no poner todos los huevos en una sola canasta
.
Pronto sabremos si aquella insostenible cavilación se repite. Sólo que hoy las circunstancias son alarmantes. Una falta de acción o una insuficiente serían un riesgo nacional, sería comprometer el destino nacional patrio. Vivimos tiempos de ahora o nunca y ese nunca puede ser fatal para la nación. Necesitamos la fortaleza que da la unidad.
Claudia, la virtual presidenta electa ya enfrenta el dilema, ya escucha los arcaicos susurros. Esperamos que también escuche voces innovadoras que le apremien con el ahora o nunca
con los siguientes objetivos:
1. Unificar la representación jurídica, política, administrativa y ante la opinión pública en un secretario civil. Ello haría más ágil y eficiente la gobernabilidad y evitaría a la presidenta enfrentar personalmente numerosos temas ásperos ante el país, tal como favorablemente sucede hoy con Hacienda o Relaciones Exteriores.
2. Unificar el mando y operación hoy descoordinada de mandos territoriales, regiones y zonas militares y navales y tropas bajo su mando. Hoy esa anormalidad produce ineficacia y riesgos. Cada secretaría define y opera autónomamente sus jurisdicciones territoriales de ahí que nos enteremos de algo tan desconcertante como de marinos actuando en pro de la seguridad en Zacatecas o Durango.
3. A más grave descoordinación y confusión, los gobiernos estatales siendo responsables constitucionales de la vida interna de sus estados, en su apoyo tienen múltiples mandos de tropas como contrapartes, pero en caso de requerirlo, no saben adónde voltear o juegan con sus propios modos bastante heterodoxos.
Hoy, a pesar de esfuerzos, la coherencia de esos mandos en el campo de las operaciones, la coordinación es una fantasía, pregunten en corto a gobernadores y presidentes de ciudades mayores. Ejemplo: en el estado de Veracruz coexisten tres zonas militares más dos navales, de ello resulta un gobernador con cinco contrapartes.
Unificar doctrina y política militares. Actualmente, por extraño que parezca, cada fuerza armada piensa diferente sobre temas de consecuencias nacionales; por ejemplo, las relaciones internacionales.
El extremo es que la Secretaría de Marina formula y ejecuta su propia política bilateral con EU, afectando a definiciones nacionales. Tener fuerzas armadas con ese individualismo ideológico y fáctico es absurdo y riesgoso.
5. Corregir la tendencia a administrar la justicia con la interpretación propia de Marina. Existe un Código de Justicia Militar que define y sanciona las conductas ilícitas del personal de las tres fuerzas armadas. Marina esperaría el tener uno propio. Tratándose de justicia eso es algo sumamente delicado.
El código es vetusto, verdaderamente anacrónico (1933). Afecta a temas tan vitales para la vida militar, como es la integración y funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia, Consejos de Guerra y demás órganos del fuero de guerra.
La descoordinación aludida es poco advertida por la población. Aun analistas y académicos manejan insuficiente información y escaso detalle, las cámaras de diputados y senadores simplemente olvidan su deber de control del Poder Ejecutivo.
Esta sencillísima reflexión tomaría carácter crítico cuando el nuevo gobierno cavile y decida sobre su más intenso apremio: la paz pública. No puede desatender un común denominador, disponer de fuerzas del orden suficientemente coordinadas para sustentar sus decisiones y esa es la vieja receta de un solo mando y que éste sea de origen civil.
