Un tribunal colegiado concedió la suspensión definitiva a la ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República, Judith Aracely Gómez Molano, contra la resolución de mayo pasado que confirmó el auto de vinculación a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades, por otorgar, presuntamente de manera irregular, diversos contratos por un total de 100 millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, en 2013 y 2014.

En su lista de acuerdos de ayer, los magistrados Juan Pedro Contreras Navarro, Gabriela Vyera Pineda y Manuel Bárcena Villanueva, del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, se pronunciaron en el sentido de conceder la suspensión definitiva respecto del acto atribuido al primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, en el amparo que promovió la ex funcionaria.

Sin embargo, los juzgadores no publicaron la versión pública de su fallo, por lo que oficialmente se desconocen los alcances concretos de esa suspensión.

Gómez Molano ya enfrentaba otras imputaciones por comprar a sobreprecio un avión para la PGR y desviar 852 millones de pesos en la adquisición de camionetas con equipo de espionaje. En este segundo caso fue vinculada a proceso en 2020 por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una denuncia por la compra irregular de un avión Bombardier Challenger CL 600, para uso personal, a través de un arrendamiento financiero con Banobras.

La aeronave fue adquirida en 2013 a un precio de 19.5 millones de dólares, cuando su precio real de mercado era inferior a 16 millones de dólares.

Además, se le relaciona con el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zeron de Lucio, prófugo de la justicia. En mayo de 2023, la FGR presentó ante un juez federal una nueva carpeta de investigación que involucra al ex funcionario en los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, los cuales habría cometido en la compra ilícita del sistema Pegasus de espionaje telefónico.