Casi seis años después de haber recibido el asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó ayer un acuerdo emitido en septiembre de 2018 por el entonces ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, quien aceptó que ese tribunal supremo analizara demandas promovidas por ocho presuntos responsables (entre ellos el supuesto jefe de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil) de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En la sesión de la primera sala de la Corte y por unanimidad de cinco votos a favor, se dio la razón a cuatro recursos de reclamación contra el acuerdo del ministro Aguilar Morales interpuestos en octubre de 2018 por los padres de los 43 normalistas y por su defensa legal.

Con ello, la SCJN determinó que debe ser un tribunal colegiado y no el máximo tribunal constitucional el que resuelva los incidentes de inejecución de sentencia promovidos por la defensa legal de El Gil y siete más. Gildardo López ahora es testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Recurrente en todos los asuntos de víctimas indirectas de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los cuatro proyectos proponen, primero, que es parcialmente fundado el recurso de reclamación; segundo, se revoca el acuerdo recurrido; tercero, remítase los autos a la presidencia de este alto tribunal para los efectos precisados en esta resolución, señaló el proyecto de la ministra Loretta Ortiz.

El asunto comenzó el 27 de septiembre de 2018, cuando Aguilar Morales admitió recursos de incidentes de inejecución de sentencia interpuestos por la defensa legal de los ocho presuntos criminales para que la Corte actuara contra la negativa de la entonces Procuraduría General de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de crear una comisión de la verdad para el caso Iguala.

La decisión provocó que los padres de los 43 y la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez interpusieran el 9 de octubre de 2018 los cuatro recursos de reclamación, alegando que no existían condiciones legales para que la SCJN conociera sobre una inejecución de la sentencia.

Con la resolución de ayer también se ordenó regresar el expediente al tribunal colegiado de Tamaulipas, que en un principio concedió un amparo a los ocho presuntos delincuentes y también ordenó crear una comisión de la verdad.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa fue instalada por decreto presidencial del 3 de diciembre de 2018.