Buenos Aires. La jueza federal María Servini de Cubría dispuso anoche la libertad de 11 de los 16 detenidos durante la represión a la marcha del pasado día 13, por falta de mérito, después de haber analizado las supuestas pruebas y la caracterización de una serie de delitos graves que les imputaba el fiscal Carlos Stornelli, entre ellos considerarlos terroristas que planeaban un golpe de Estado, como aseguró el presidente Javier Milei, a pesar de que existen videos más que suficientes que evidencian la absoluta falsedad de tales acusaciones.

Stornelli había pedido ayer que se volviera a encarcelar a 17 de los liberados en una maniobra inaudita, lo que se conoció después de finalizar una marcha bajo la consigna: presos políticos nunca más, encabezada por familiares de los detenidos que fueron literalmente cazados por la policía durante la movilización en rechazo a la Ley Bases, que se debatía en el Senado.

Acompañaron a los familiares numerosas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, legisladores de la peronista Unión por la Patria (UpP), además todo el gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires por decisión del gobernador Axel Kicillof y diputados del Frente de Izquierda (FT), entre otros, exigiendo la inmediata liberación de los 16 presos.

También se denunció con pruebas que el grupo de unas 20 personas, varios con el rostro cubierto, que maltrataron a un reportero de la Cadena 3 de Córdoba, cuyo automóvil incendiaron y que arrojaron piedras a policías, que habían reprimido a miles de manifestantes y no pudieron hacer nada frente al vandalismo de unos pocos señalados como infiltrados del gobierno y ninguno fue detenido.

Los diputados de UpP presentaron una demanda contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros agentes bajo su mando por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.

Encabezados por el jefe del bloque, el diputado Germán Martínez, denunciaron que lo sucedido la semana pasada es parte de un plan represivo para establecer en Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales y que la agresión a los diputados de su partido fue planificada y dirigida. Agregaron que el objetivo de la represión fue intimidar y desalentar a los ciudadanos para que vieran a través de los canales de televisión un ataque contra los diputados, lo que significaba que nadie estaba a salvo en una situación semejante.

El diputado Leopoldo Moreau analizó que en las multitudinarias manifestaciones que se han llevado a cabo es evidente que cuando no interviene la ministra de Seguridad ni las fuerzas a sus órdenes no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar. Moreau acompañó al ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), y sigue siendo leal con los principios de su partido y es parte del bloque de UpP.

Calificó a Bullrich de mercernaria de la violencia estatal y aseveró que su sombra está detrás de todos los hechos de violencia institucional y política que han ocurrido en los últimos tiempos en el país, como lo que se vivió con el intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, caso que aún no se ha juzgado.

En San Salvador, Bullrich se entrevistó ayer con el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, y su ministro de Defensa, René Francis Monroy, para informarse sobre la experiencia del uso de los militares en el combate al delito. La estrategia de seguridad de Bukele ha sido rechazada por organizaciones internacionales y salvadoreños defensores de los derechos humanos.

También se denunciaron los hechos contra los diputados de UpP señalando a la prefectura naval, que lanzó el nuevo y peligroso gas pimienta que afectó seriamente a legisladores como Caslos Castagneto, quien relató que perdió el conocimiento y debió recibir gotas con anestesia para recuperar la vista, y aún no puede leer de forma normal. No somos ni terroristas ni quisimos hacer un golpe de Estado sostuvo Castagneto.

Ahora Brasil

Si algo faltaba en este escenario es que el gobierno de Brasil pidió explicaciones a Argentina por la presencia en este país de poco más de 60 de los condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ya hubo pedido de informes al gobierno de Milei, pero no ha contestado. Sin embargo, ayer fueron captados en video dos individuos buscados por la justicia de Brasil a unos pasos de la Casa Rosada y entrevistados por una periodista brasileña; uno de ellos explicó cómo habían roto las tobilleras electrónicas y llegaron hasta aquí terminado su narrativas con un viva la libertad carajo, con la seguridad de que no serán extraditados. También se sospecha que esto haya sido planteado por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, amigo del mandatario argentino.