Especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, realizaron un análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentadas a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero. En el caso de los cambios al Poder Judicial dela Federación (PJF), el abogado César Astudillo resalta que de aprobarse la modificación el daño será mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de mil 665 ministros, magistrados y jueces.

Astudillo, director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, y coordinador de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, subraya en su estudio que dicha modificación generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad y se adentren en el campo de la política.

El jurista también se ha desempeñado en la UNAM como Abogado General y secretario de Atención a la Comunidad Universitaria. En su texto subraya que cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia.

El también doctor en Derecho Constitucional asevera que para no ir más lejos, sin independencia judicial el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos.

Sostiene que al igual que lo hicieron los mandatarios durante el régimen hegemónico, el Presidente concibe a la Constitución como un documento político que en el centenario de su existencia ha servido para anidar el testamento o ideario político de quienes han guiado los derroteros del país.

En consecuencia, asegura, busca heredar su propia visión del texto constitucional mediante mandatos que contengan la esencia de su movimiento político, y que, una vez convertidos en agenda legislativa y de gobierno, se apresten a guiar los pasos de una nueva etapa de la transformación nacional.

Detalla que si bien lo que más ha llamado la atención de la reforma judicial es la elección por voto popular de ministros y ministras, la propuesta presidencial contiene otros cambios: reducir el número de togados a nueve; los requisitos de elegibilidad, dejarán de ser importantes los perfiles, esto es que tengan conocimientos especializados, que dominen los principios de interpretación o que demuestren experiencia en el arte de juzgar, y es muy probable que se vean desplazados por quienes tengan alguna cercanía o estén dispuestos a asumir compromisos con los grupos de poder político y fácticos”.

También señala el experto que se modifica la duración del cargo a 12 años improrrogables (actualmente son 15), entre otros cambios.