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Expulsión de migrantes de la colonia Juárez es ilegal: defensoría pública
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de junio de 2024, p. 12

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) afirmó que el operativo que realizó el Instituto Nacional de Migración (INM) para desalojar el campamento de migrantes, en su mayoría haitianos, de la plaza Giordano Bruno, fue ilegal y forzoso; tiene como consecuencia directa el peligro de expulsión, deportación y privación de la libertad fuera del procedimiento de personas en situación de movilidad humana.

La directora del organismo dependiente del Poder Judicial de la Federación es la magistrada Taissia Cruz Parcero, jurista egresada de la UNAM y con 30 años de carrera dentro de dicho órgano judicial, encargado de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal privada.

El IFDP promovió un amparo en el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa, que le concedió la suspensión de plano. Los efectos son para que el gobierno mexicano no vuelva a expulsar, retornar, deportar o hacer abandonar el territorio nacional a migrantes, mientras se resuelve el juicio de amparo.

Asimismo, ordena que el INM se abstenga de realizar operativos de revisión migratoria bajo la figura de rescate y verificación en las inmediaciones de la plaza Giordano Bruno, los cuales considera actos de desalojo forzoso y detención arbitraria; además, establece que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc no soliciten al instituto la realización de tales operativos de revisión migratoria.

Adicionalmente, el IFDP inició quejas ante las comisiones de derechos humanos, nacional y capitalina, por la participación de autoridades federales y locales.

El instituto señaló que al llegar al lugar para ejercer sus labores de defensa y asesoría jurídica, solicitó información al INM, el cual no mostró ningún oficio de operativo de verificación, ni proporcionó registro de las personas que trasladaron en los autobuses –bajo responsabilidad del organismo migratorio y custodiados por elementos de la Guardia Nacional– y tampoco brindaron información sobre su destino exacto.

De lo documentado por personal de este instituto, los agentes del INM brindaban información imprecisa y errónea para convencer a personas del campamento de que se subieran a autobuses no identificados, que sólo estaban marcados con los destinos a los estados de Puebla, estado de México y Morelos, sin señalar a qué lugar en particular serían trasladadas y con la promesa de entregarles algún documento de regulación migratoria a cambio.