l pasado febrero Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en El Salvador por un amplio margen; su partido, Nuevas Ideas, obtuvo además 54 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa, y la gran mayoría de las alcaldías. Su poder es ya, casi absoluto. Sin embargo, las elecciones se vieron empañadas por un gran número de irregularidades –documentadas por la OEA (https://tinyurl.com/8rz3t6y7)–, dañando su reputación internacional.

El 1º de junio, Bukele inició su segundo mandato de cinco años. Es, hoy en día, probablemente el presidente más popular de América Latina debido al enorme aplacamiento de la violencia causada por las pandillas en el país. Pero el hecho de que haya quebrantado la Constitución salvadoreña para permitirse un segundo mandato, el gran número de violaciones a los derechos humanos perpetrados en el contexto del estado de excepción, falta de transparencia, está llevado a un cuestionamiento internacional cada vez mayor. El gobierno de Canadá, por ejemplo, se abstuvo de felicitarlo tras las elecciones y su gobierno no puede atraer la inversión extranjera que anhela.

Las personas detenidas bajo el estado de excepción de Bukele, desde marzo de 2022, rondan el número de 80 mil. Las estimaciones sobre cuántas personas inocentes han sido detenidas oscilan entre 30 y 70 por ciento. Incluye a decenas de líderes sindicales y de organizaciones civiles, entre ellos los cinco ambientalistas y defensores del agua de Santa Marta, del departamento de Cabañas. Organizaciones de muchos países han dedicado los últimos 17 meses a una campaña internacional, bajo la entusiasta y experta conducción de John Cavanagh, del Institute for Policy Studies y coautor con Robin Broad de En defensa del agua (Editorial Grano de Sal) para lograr que se retiren los cargos.

En conferencia de prensa de organizaciones sociales y civiles, el 30 de mayo, Ivania Cruz, de Unidehc, que es parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dijo que hay un deterioro del estado de derecho y de la institucionalidad del país y aumenta la represión a los sectores más vulnerables de la población mediante capturas injustas y la eliminación de todas las garantías de toda la ciudadanía.

Roberto Zapata, de la organización Amate, denunció que Bukele es parte de la ola ultraconservadora –incluyendo a Argentina, Perú y Ecuador– contra los derechos humanos y culpables de graves retrocesos para los derechos de personas LGBT, como la eliminación de servicios de salud y de la dirección de la diversidad sexual. Mencionó que hay 132 casos registrados de acciones contra personas LGBT y recordó que Bukele se pronunció contra la ideología de género, por considerarla “contraria a la naturaleza (https://tinyurl.com/2p8pb8nj)”.

Salomón Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, dijo que él es uno de los 21 mil trabajadores despedidos de instituciones públicas, sin ningún procedimiento como dicta la ley; este gobierno quiere controlar a todo mundo, desapareciendo instituciones y las estructuras sindicales; por lo pronto van 22 sindicatos eliminados, informó.

Tutela Legal, organización de abogados de derechos humanos, sigue extremadamente ocupada ayudando a defender a personas inocentes y a líderes de la sociedad civil. Organizaciones internacionales hemos trabajado con ellos en un amicus brief para los cinco defensores del agua, a ser entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) sigue liderando la defensa de los cinco defensores del agua. ADES y muchas organizaciones internacionales hemos documentado los ataques del gobierno de Bukele para anular la prohibición de la minería en el país, que tanto costó conseguir en 2017 (ver reporte Estado de decepción (https://tinyurl.com/3zdw5acu). Vidalina Morales, líderesa de la ADES, expresó en la conferencia de prensa su preocupación por la posible reapertura de la minería en El Salvador y el creciente interés por el mineral torio, además del oro, claro. Denuncia cómo se ha evidenciado la criminalización de las luchas contra proyectos extractivistas, como respuesta desesperada al fracaso de proyectos como el bitcóin o la Surf City (https://tinyurl.com/22vr7rmb). Bukele, dice, vende al país al mejor postor y va a hacer de él lo que quiera.

En mayo, el gobierno de Bukele inició el juicio contra los cinco defensores del agua de Santa Marta, en el cual no existe prueba de que hayan cometido asesinato alguno en los tiempos de la guerra civil, además de que existen los Acuerdos de Paz copatrocinados por México (ver México debe ayudar a defender los acuerdos de paz en El Salvador, La Jornada, 13/3/23). Mediante la solidaridad internacional se logró que representantes de embajadas de Canadá, Francia, Reino Unido y representes de la Unión Europea asistieran a la primera audiencia del juicio, advirtiendo al gobierno salvadoreño que el mundo está mirando. Hemos intentado informar a otros gobiernos, como el de México y Estados Unidos, sobre la crisis general de derechos humanos y de la democracia en El Salvador.

Organizaciones en El Salvador están preocupadas por la posibilidad de que se produzca una racha aún más amplia de detenciones de líderes de la sociedad civil durante el segundo mandato de Bukele, y esperan que la solidaridad internacional y nuestro trabajo con otros gobiernos ayude a poner freno a sus atropellos. Como dijo Alexis Stoumbelis, del Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes) gracias al trabajo de periodistas y organizaciones de derechos humanos el mundo tiene conocimiento de las violaciones de Bukele bajo su régimen de excepción. ¿Hasta dónde se seguirán haciendo de la vista gorda gobiernos como los de México y Estados Unidos ante cinco años más en el poder del autodenominado dictador más cool del mundo mundial (sic)?

* Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org