Guatemala. Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera recibieron ayer las credenciales de presidente y vicepresidenta electos, cargos que asumirán el próximo 14 de enero para el periodo 2024-2028.

Durante la ceremonia, Arévalo y Herrera reconocieron la labor de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de defender la voluntad popular del país, ante la ofenisva lanzada por la fiscalía general, y que el mandatario electo calificó el viernes pasado de intento de golpe de Estado en curso, luego de su contundente triunfo el 20 de agosto.

Recibo esta credencial con el agradecimiento a un TSE que ha cumplido con sus funciones, cuyos magistrados han sido elemento central en el proceso de defensa de la democracia, destacó el presidente electo. Su compañera de fórmula puntualizó: el pueblo ya decidió y eso es lo que se tiene que respetar.

Arévalo aclaró que la persecución de la fiscalía general, encabezada por Consuelo Porras, continúa incluso contra su partido, Movimiento Semilla, y alertó que las presiones hacia la autoridad electoral persistirán, por lo que instó a los magistrados a seguir actuando con gallardía para defender la democracia.

Los magistrados y magistradas se han constituido en un baluarte para impedir los intentos de asalto a la autoridad electoral desde otros poderes de Estado, y en ese sentido su acción ha constituido una defensa central de los valores democráticos del país, expresó el líder.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, resaltó que en las últimas semanas hemos sido sometidos a un análisis exhaustivo entre la validación del proceso electoral y los desafíos que persisten. Es importante, recalcó, respetar el estado de derecho, la separación de poderes, la alternatividad y los derechos civiles y políticos de todos los guatemaltecos.

La transición presidencial comenzó antier en la sede del Ejecutivo, donde el saliente gobernante, Alejandro Giammattei, recibió a Arévalo en ceremonia privada en la cual participó Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que busca garantizar un traspaso pacífico.

Desde el 12 de julio, la fiscalía ha buscado cancelar a Semilla por un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de creación en 2018. A la denuncia de Arévalo de que estaba viendo un golpe de Estado en curso para evitar que llegara al poder, miles de personas salieron a las calles a apoyarlo.

Tan sólo ayer, la institución encabezada por Porras solicitó a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del TSE por una denuncia de fraude que presentó el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, quien perdió los comicios presidenciales frente a Arévalo.

El requerimiento de la fiscalía es una más de las acciones judiciales desplegadas desde la primera vuelta de los comicios presidenciales contra los órganos electorales, así como contra las juntas y sus integrantes que se encargaron del proceso de conteo de votos, a raíz de denuncias de los partidos políticos inconformes con los resultados.

Según Carlos López, abogado de la UNE, el partido cuestiona la duplicidad de 164 actas que procesaron los votos emitidos por los ciudadanos en las urnas, por lo que pidieron investigar a los magistrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.

Decenas de sacerdotes y líderes indígenas azotaron ayer figuras que representaban al presidente Giammattei y a la fiscal Porras en protestas contra el actual gobierno, al que acusan de corrupción.

“Por primera vez que se está aplicando el castigo Xik’a’y contra las élites de las mafias de la corrupción, esos que están robando y están chupando la sangre y la vida de los pueblos”, dijo la sacerdotisa Alida Vicente.