Miércoles 6 de septiembre de 2023, p. 29
Chihuahua, Chih., La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial de Chihuahua recomendó implementar medidas de protección a favor de la jueza décima familiar por audiencias, Sabela Patricia Asiain Hernández, y de todo el personal a su cargo, debido a actos de hostigamiento y acoso laboral que padecieron por parte de la contralora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ivonne Coello Muñoz, y de sus subordinados Saúl Fierro Flores y Saúl García Gutiérrez, quienes los sometieron a interrogatorios fuera de procedimiento en dos supuestas auditorías realizadas los días 30 y 31 de agosto.
Asiain Hernández sostuvo que la titular de la Contraloría del TSJ y los dos servidores públicos acudieron al juzgado décimo familiar por audiencias el 30 de agosto sin aviso y cuando no estaba ella, y hostigaron al personal sobre el uso de firmas electrónicas, de equipo de cómputo y acerca de la emisión de incapacidades médicas y la participación en comisiones relacionadas con el grupo técnico revisor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Expuso que los funcionarios de la Contraloría realizaron interrogatorios fuera de norma, con la justificación de llevar a cabo una supuesta auditoría, e insistieron al personal que respondiera preguntas como ¿la jueza anda de vacaciones cuando los demás trabajan?
, ¿cómo le hacen cuando la jueza anda de vacaciones?
y ¿quién tiene la clave de la jueza?
.
También cuestionaron a una empleada que tenía incapacidad médica, desestimando la justificación de su ausencia por motivos de salud, y continuaron interrogando a los empleados aun después de que la jueza se comunicó vía telefónica e informó que estaba en la Ciudad de México para la instalación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar.
Sabela Patricia Asiain señaló que los trabajadores de la Contraloría volvieron al día siguiente.
En respuesta a la queja de la jueza, la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género recomendó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Chihuahua que prohíba a los presuntos hostigadores tener contacto o comunicación con el personal del juzgado, además de no acercarse a sus domicilios, lo mismo que a sus sitios de trabajo y de estudios.