La injerencia de los organismos empresariales en el ejercicio de gobierno se ha ido reduciendo paulatinamente en los pasados 30 años, un proceso que se aceleró con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la iniciativa privada parecen haberse enfriado, pero incluso en esa nueva configuración ciertos empresarios han podido dar continuidad a sus intereses, señalaron especialistas.

El proyecto de López Obrador no busca transformar de raíz las relaciones económicas, sino la dinámica del gobierno respecto los actores que habitan en esas relaciones económicas. Si bien el intercambio entre el gobierno federal y el sector empresarial ha parecido enfriarse (...), las líneas de trabajo de ambas fuerzas se han mantenido, explicó en entrevista Mauro Jarquín Ramírez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador recordó que el empresariado no es homogéneo. Por un lado están las élites –tanto el gran capital como los líderes de las cámaras– que nutren una disputa por la democracia y el estado de derecho. Como ejemplo se tiene a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que defiende, según su punto de vista, la Constitución. Una posición distinta han asumido las pequeñas y medianas empresas que han hecho activismo pro Cuarta Transformación, como Empresarios por la 4T, las cuales promueven el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Otro eje de disputa es la participación del Estado en la economía. El gobierno federal no ha dado un cambio radical, no ha generado una política monetaria expansiva, ha mantenido los derechos de propiedad, fomentado la inversión privada, pero a raíz de la reforma energética para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, hay de nuevo una reactivación del debate en torno a la participación del Estado en la economía, expresó el autor de La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México, publicado este año.

El politólogo destacó que el proyecto de la Coparmex –un nuevo modelo de desarrollo denominado economía de mercado con desarrollo inclusivo– muestra un desplazamiento hacia el centro de la cámara empresarial más militante ideológicamente hablando a la derecha en este país.

Resaltó que algunos empresarios han encontrado en el gobierno una manera de dar continuidad a sus intereses económicos, incluso más allá de diferencias políticas, a través del Consejo Asesor Empresarial. En este último se encuentran Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, de Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles, y Miguel Rincón, director de Bio Pappel; entre otros.

En entrevista aparte, Martha Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que durante el siglo pasado las voces formales, en las cámaras, tenían también un peso muy importante y lograron convertirse en una fuente de poder, pero en los pasados 30 años se comenzó a desdibujar la capacidad que tenían para influir en el ejercicio de gobierno.

Recordó que desde la votación en la que se eligió a López Obrador fue evidente que su gobierno iba a tener una nueva manera de relacionarse con el empresariado, pues habría una separación entre el ejercicio del poder y la fuerza económica, con el objetivo de beneficiar a los sectores más desfavorecidos.

La otra gran orientación que hay desde el principio fue acabar con la corrupción. Son dos temas muy ligados, la injerencia del poder económico sobre el político y el ejercicio de la corrupción como la liga entre esas dos esferas que a veces se juntaban, porque tuvimos políticos-empresarios y empresarios que usan a los políticos con fines personales, sostuvo.

Apuntó que actualmente no existe un trato dispar con empresarios, sino que hay cambios en la orientación de las políticas y hay grupos que han sido golpeados, porque han dejado tener una situación de privilegio para negocios que tenía proyectados a mediano y largo plazos.