Morena en la Cámara de Diputados logró que este mismo miércoles, después de la sesión de Congreso General, el pleno sea citado para discutir y aprobar, la madrugada del jueves, la nueva ley federal de juicio político.

El acuerdo se tomó ayer en la Junta de Coordinación Política, para dar trámite al dictamen que la Comisión de Gobernación de la pasada legislatura aprobó hace dos semanas, y que no pudo ser incluido en un periodo extraordinario ante el diferendo en la Comisión Permanente.

La sesión de Congreso General, con la cual se da inicio al periodo de sesiones ordinarias en el Senado y la Cámara de Diputados, está citada a las 17 horas. Una vez instalada, se abrirá un receso para recibir el tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo de la junta incluye posicionamientos por cada uno de los siete grupos parlamentarios, hasta por 15 minutos cada uno, en el con-texto de la entrega del Informe.

Al concluir el protocolo, se convocará a la primera sesión ordinaria, en la que se dispensarán todos los trámites al dictamen que, en su par-te central, reglamenta el proceso de destitución del presidente, en caso de que además de traición a la patria, cometa algún delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El documento plantea aprobar una ley que abrogaría la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y reuniría en un solo ordenamiento el proceso de juicio político y los desafueros, a cargo de las dos cámaras del Congreso.

Se mantiene la posibilidad de aplicar juicio político al presidente, ministros de la Corte, magistrados electorales, secretarios del gabinete, fiscal general de la República, gobernadores, fiscales o procuradores estatales y funcionarios de los órganos constitucionalmente autónomos.

En el dictamen se resalta que con la nueva ley se pretende definir los sujetos de responsabilidad política, causales y sanciones, el proce-dimiento de juicio político –durante el encargo y hasta un año después–, los sujetos de responsabilidad penal, el proceso para declaración de procedencia de desafuero, del proceso penal, así como para actuar penalmente contra el presidente.