n juez federal estadunidense ordenó al gobierno del presidente Joe Biden restablecer la política migratoria de permanecer en México, implementada a inicios de 2019 por Donald Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en nuestro país los resultados de sus audiencias. Desde un inicio, organizaciones de derechos humanos denunciaron que los eufemísticamente llamados Protocolos de Protección a Migrantes decretados por el ex mandatario republicano violaron el debido proceso de los buscadores de refugio, y los pusieron en riesgo de ser víctimas de secuestros, abusos, violaciones y otros delitos.

La sentencia del juez Matthew Kacsmaryk –designado por Trump– amenaza con empeorar un panorama que ya era sombrío para quienes ingresan a Estados Unidos sin contar con los documentos migratorios requeridos. En efecto, pese a que la llegada de Biden a la Presidencia trajo consigo el fin de algunas de las más execrables medidas dictadas por el magnate, así como un giro retórico que debe saludarse en cuanto acaba con la demonización de las personas migrantes, en los hechos la frontera sigue tan o más cerrada a ellas como durante el cuatrienio conocido a nivel mundial por su desembozada xenofobia.

Ejemplo de las ambigüedades que caracterizan a la conducta de la administración demócrata en la materia es que se mantuviera el Título 42, una disposición trumpiana que permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio, con el pretexto del combate a la propagación del Covid-19. En una acción incluso más lamentable, a inicios de este mes trascendió que Washington está deportando a ciudadanos centroamericanos en avión a distintos puntos de México en vez de a sus países de origen, una práctica que nunca antes se había registrado, y acerca de la cual ya expresó su preocupación la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

De acuerdo con funcionarios que hablaron a condición de anonimato, este endurecimiento en las políticas de expulsión se da mientras aumenta la cantidad de personas que intentan ingresar a territorio estadunidense de manera irregular. Se estima que en julio las autoridades federales recogieron a más de 19 mil niños no acompañados, lo cual marca un nuevo máximo histórico; además de 80 mil personas que viajaban en familia, que representan un incremento de 30 por ciento en comparación con el mes anterior. Asimismo, se ha disparado el número de migrantes mexicanos detenidos, al pasar de 96 mil entre enero y mayo de 2020 a casi 284 mil en el mismo periodo de este año.

En conjunto, estos datos hablan tanto de un alza en el flujo migratorio a resultas de las expectativas puestas en el gobierno de Biden, como de una realidad en que las políticas de la Casa Blanca en la materia permanecen inalteradas en lo esencial pese a los vaivenes partidistas. En tal escenario, se avizora complicado que los migrantes logren en el corto plazo el propósito de reunirse con sus familias o establecerse en Estados Unidos para reiniciar sus vidas a salvo de la violencia, la criminalidad o la falta de oportunidades que los orillaron a dejar atrás sus tierras natales; sólo cabe desear que iniciativas como la anunciada ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores contribuyan a mitigar los peligros a los que se ven expuestos quienes atraviesan México en su intento por llegar a nuestra nación vecina del norte.