Jerusalén. La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó ayer que su jurisdicción abarca los territorios ocupados por Israel tras la guerra del Medio Oriente de 1967, con lo que allana el camino para que su fiscal inicie una investigación por posibles crímenes de guerra en las acciones militares israelíes.

La decisión fue celebrada por los palestinos y criticada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien acusó a la corte internacional de ejecutar una persecución jurídica.

La fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, sostuvo en 2019 que había una base razonable para abrir una investigación por crímenes de guerra a las acciones militares de Israel en la franja de Gaza, así como en los asentamientos israelíes en Cisjordania. Pero pidió que la corte determinara si tenía jurisdicción territorial antes de avanzar en el caso.

Los palestinos, que ingresaron al tribunal en 2015, han presionado para que se abra una investigación. Israel, que no es miembro de la CPI, insiste en que ésta no tiene jurisdicción debido a que los palestinos no tienen condición de Estado y porque las fronteras de cualquier futuro Estado se tienen que decidir mediante negociaciones de paz.

Los palestinos han pedido a la CPI que indague las acciones israelíes en la guerra de 2014 contra sus milicianos en la franja de Gaza, así como la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania y en el anexado de Jerusalén Oriental.

Existe consenso en la comunidad internacional en el sentido de que los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, pues van en detrimento de una solución de dos estados para el conflicto en Medio Oriente.

La CPI tiene como misión fungir como corte de última instancia cuando los sistemas jurídicos de las naciones no pueden o no quieren investigar y procesar crímenes de guerra. El ejército de Israel dispone de mecanismos para investigar supuestas acciones ilegales cometidas por sus soldados y, a pesar de las críticas de que el sistema es insuficiente, los expertos dijeron que tiene buenas probabilidades de evitar que la CPI investigue sus prácticas de guerra. Sin embargo, cuando se trata de asentamientos, los expertos señalaron que Israel podría tener problemas para defender sus acciones. La ley internacional prohíbe el traslado de una población civil a un territorio ocupado.

Israel capturó Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Oriental en la guerra de 1967, territorios que los palestinos quieren para formar su Estado. Unos 700 mil israelíes viven en asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, en una campaña de colonización de estas extensiones.

Aunque el tribunal enfrentaría dificultades para procesar a israelíes, podría emitir órdenes de arresto que dificultarían los viajes de funcionarios de ese país al extranjero.

La CPI también podría investigar los delitos cometidos por militantes palestinos. Bensouda ha dicho que su investigación examinaría las acciones de Hamas, que disparó cohetes indiscriminadamente contra Israel durante la guerra de 2014.