Al conmemorar el cuarto aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, los grupos parlamentarios en el Congreso local admitieron que la primera Legislatura no ha cumplido a cabalidad el mandato de armonizar y expedir leyes que reflejen las aspiraciones de los ciudadanos a los que alude el texto.

La presidenta de la mesa directiva, Margarita Saldaña Hernández –quien fue diputada del Constituyente–, sostuvo a nombre del PAN que hay una responsabilidad y al final serán los capitalinos quienes harán su propio juicio.

Por Morena, Lilia Rossbach, quien también estuvo en el Constituyente, resaltó avances como la ley en materia de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, pero advirtió que no logramos cumplir a cabalidad con las expectativas ni los resultados deseados.

En el posicionamiento que dirigió ante el pleno en sesión virtual solemne, destacó también como una tarea pendiente del Congreso difundir y transmitir la importancia de la Constitución: No olvidemos que la única forma de defender y exigir un derecho es conociéndolo, e instó a impulsar, en lo que resta de la Legislatura, la participación de los ciudadanos y la elaboración y adecuación de las leyes, tal como lo hicieron en la Asamblea Constituyente.

Por el PRD, Jorge Gaviño criticó la ausencia en la sesión de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, al tiempo de afirmar que no se discute que la Constitución es de vanguardia, pero no todos hemos sido consecuentes en respetarla, respaldarla y defenderla.

Admitió que se ha legislado al vapor, por lo que propuso debatir los cambios hechos en el actual periodo, uno a uno, donde se ha manoseado su letra, para que la gente juzgue si hemos avanzado o retrocedido.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos llamó a atender los pendientes que persisten en la Constitución a cuatro años de haber sido promulgada, entre los que se encuentran las leyes de derechos y relaciones laborales entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores, educación y cuidados, así como la de personas no asalariadas y prestadoras de servicios por cuenta propia.

Expuso que son un conjunto de nuevos reglamentos que deben expedirse y vigilar su cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos y en las que se tome en cuenta el nuevo contexto derivado de la pandemia y sus ineludibles repercusiones en términos de exacerbación de las desigualdades existentes en relaciones laborales, el acceso a educación, así como el cuidado y el ejercicio del derecho al trabajo.