Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) evidenció, a través de una recomendación, la deficiente actuación de las autoridades en la investigación de desaparición de personas en Jalisco, sobre todo porque se ignoran los protocolos legales y se carece de coordinación entre las áreas de la Fiscalía del Estado (FE) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

La defensoría demostró en el exhorto 176/20 la nula o poca búsqueda efectiva y localización, la revictimización, la intimidación y amenazas que han sufrido familiares de 16 personas desaparecidas.

Durante sus indagatorias tras recibir 13 quejas de familiares de los 16 desaparecidos, la CEDHJ encontró, además, que sólo en dos casos las víctimas fueron localizadas sin vida, y con el agravante de que los cuerpos permanecieron mucho tiempo en el Servicio Médico Forense sin que se notificara a sus familiares.

Las quejas correspondientes a una mujer y 15 hombres las recibió la CEDHJ en el segundo semestre de 2019 y las desapariciones ocurrieron en 2012, 2017, 2018, 2019 y 2020. En seis quejas se infiere desaparición cometida por particulares, en las que se evidenció un grupo de más de tres integrantes, lo que indica organización en la ejecución del delito y predomina el uso de armas y vehículos. En un caso, especifica el organismo, señalaron a policías estatales, en el resto no se mencionó la participación de particulares o de algún agente del Estado, señala el documento.

La desaparición de 16 personas constituye una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos, entre ellos a la integridad, seguridad y libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la legalidad y seguridad jurídica, por agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la FE y personal del IJCF que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y de forma concurrente tienen la obligación de garantizar estos derechos.

La CEDHJ mostró la inconformidad de las víctimas contra la institución de Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del IJCF, pues denuncian irregularidades por las que se ha impedido localizar a sus familiares y conocer la verdad de los hechos.

Uno de los dos únicos desaparecidos hallados sin vida se conoció en junio de 2019 luego de que una madre halló el cadáver de su hijo, que tenía 7 años enterrado, pese a que desde 2012 ella reclamó el cuerpo y le informaron que fue inhumado, pero sin dictamen de identificación como es obligatorio.