Cuernavaca, Mor., El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala denunció que la reactivación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y la falta de certeza jurídica ponen en riesgo a los defensores del medio ambiente y opositores al proyecto, por lo que volvieron a llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dialogue con ellos sobre la obra y aclare públicamente su situación jurídica.

En un comunicado, los opositores al PIM expusieron que López Obrador no les ha respondido a su petición de diálogo, emitida el pasado 10 de septiembre, día en el que el Presidente anunció que la termoeléctrica de Huexca operaría a partir de diciembre, porque según dijo, ya se habían resuelto todos los amparos en contra de la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hacemos un llamado a las diferentes instancias y órganos de gobierno para que atiendan la exigencia de diálogo sobre el PIM, presentada por medio del comunicado del 10 de septiembre y aclaren públicamente la situación jurídica del Proyecto Integral Morelos, refiere su boletín.

Los inconformes también por la termoeléctrica de Huexca, municipio de Yecapixtla, demandaron a los gobiernos federal, estatal y municipal garanticen la seguridad y la vida de quienes integran el campamento de San Pedro Apatlaco, en Ayala, y de todos los del frente opositor de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Señalaron que en tanto no haya diálogo con la Federación y no se aclare la situación jurídica del PIM, el frente pidió a las autoridades federales y estatales eviten cualquier desalojo del plantón instalado, desde hace cuatro años, en las orillas del río Cuautla, en la comunidad de San Pedro Apatlaco.

El bloqueo en el río ha sido para que los trabajadores del PIM no terminen de conectar algunos tubos del acueducto, y así no se puedan llevar el agua a la termoeléctrica, porque sostienen que con esa agua riegan sus cultivos para alimentar a sus familias.

También demandaron al Presidente garantice el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas, pues acusaron que sus declaraciones han incrementado el riesgo y hostigamiento contra el campamento de Apatlaco.

Dijeron que en los pasados meses se recrudecieron las amenazas y el hostigamiento social, por lo que criminaliza a los defensores del agua y la tierra, como ocurrió con el activista indígena Samir Flores Soberanes, asesinado en febrero de 2019; homicidio que sigue sin esclarecerse.

Expusieron además que la obra continúa en construcción a pesar de que sólo uno de los 17 amparos se ha resuelto de manera definitiva. A la fecha siguen vigentes ocho suspensiones y una sentencia de amparo.

Los amparos citados por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (el 10 de septiembre en la conferencia del presidente), representan dos de ocho suspensiones que se resolvieron de manera muy cuestionable”, concluye el comunicado.