El flamante presidente Enrique Peña Nieto lo presumía como el primer acuerdo suscrito sin existir una emergencia nacional, y presentó al Pacto por México como la conciliación de las principales fuerzas políticas para impulsar un programa de reformas estructurales inmediatas y, de ese modo, mover al país.

Aunque muy pronto empezaría a fracturarse, el acuerdo firmado por PRI, PAN y PRD tuvo que ir a contracorriente para que la oposición justificara su adhesión al señalar que, por sí solo, ningún hombre puede cambiar al país, y que además muchos de sus planteamientos habían sido incorporados al documento.

Pero a lo largo del sexenio pasado, el pacto nunca superó el estigma de ser un instrumento surgido de un acuerdo cupular y para cuyo aval los dirigentes partidistas no tomaron parecer a sus militantes, y el conjunto de la sociedad mexicana fue marginada.

Desde entonces no pocas voces recelaron sobre las ventajas, favores y prerrogativas que estarían detrás o condicionando ese apoyo a la naciente gestión de Peña Nieto.

Los discursos en la ceremonia, los acompañantes y la intensidad de los aplausos para la oposición (Gustavo Madero, por el PAN, y Jesús Zambrano, por el PRD) dejaban la evidencia de una nueva era en materia de acuerdos políticos en el país.

En suma, el 2 de diciembre de 2012 se suscribió en el Castillo de Chapultepec todo un proyecto económico y político para México.

Las reformas educativa y de telecomunicaciones fueron prioritarias para ser llevadas al Congreso de la Unión y por esa ruta avanzar en la agenda del PRI en su regreso al poder presidencial.

Y dentro de aquella como joya de la corona, las transformaciones del sector energético.

Aunque al término de su mandato el presidente Peña Nieto proclamó que merced al Pacto por México se lograron 11 reformas estructurales, fue precisamente la de energía –como en un principio ocurrió con la educativa– una de las más complejas en su aprobación y la que enfrentó mayores resistencias sociales y políticas, éstas a cargo del –en ese momento– emergente partido Morena.

A mediados de 2013, Andrés Manuel López Obrador aseguraba respecto de los cambios en el artículo 27 constitucional que la intención era entregar la renta petrolera para convertirla en el negocio más grande del mundo y en unas cuantas manos.

Las grandes reformas aprobadas fueron: laboral, de competencia económica, de telecomunicaciones, financiera, hacendaria, político-electoral, educativa, en seguridad social, energética, de transparencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Seis años después, algunas de esas transformaciones han sido revertidas o modificadas y algunos de sus promotores ya están en un mundo opuesto al del triunfalismo y la cumbre política.

En el Pacto por México se estableció también el objetivo de terminar con la pobreza extrema.

Pero a fines de 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrolo Social reportó a más de 9 millones en pobreza extrema, y la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre se convirtió en fuente de corrupción y no logró impedir que la la población con carencias relacionadas a la alimentación subiera casi 13 por ciento entre 2014-2018.