ra un conflicto anunciado, habida cuenta de las posturas irreductibles previas a la elección presidencial realizada el domingo pasado en Bielorrusia.

Desde un mes antes de los comicios, el veterano presidente, Alexandr Lukashenko, y la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, divulgaron sondeos de opinión casi simétricos que auguraban triunfos abrumadores a sus respectivas causas, y ambos bandos llegaron a la jornada electoral con la determinación de desconocer una victoria del lado contrario.

En tales circunstancias, tras el anuncio oficial de un triunfo aplastante de Lukashenko, las protestas se desataron desde la noche del domingo y se extendieron ayer, con saldo de unos 3 mil detenidos, decenas de heridos –entre manifestantes y policías– y, según medios occidentales, un muerto, dato que niegan las autoridades de Minsk.

La represión política ha sido una constante desde mucho antes de los comicios. Es significativo que la candidatura misma de Tijanovskaya se debe, en buena medida, a esa represión, pues sustituyó en forma inesperada a su marido, el ciberactivista Siarhei Tsikhanouski, quien fue encarcelado desde mayo pasado por el gobierno para impedirle participar en los comicios. No fue el único caso: las detenciones de opositores y las cargas policiales violentas contra los manifestantes proliferaron en las semanas y días previos a la elección.

Por lo demás, la trayectoria política de Lukashenko habla por sí misma: considerado en Occidente el último gobernante soviético, el aún presidente bielorruso se ha mantenido en el cargo desde 1994, mediante cinco sucesivas relecciones (la más reciente sería la sexta) en las que ha obtenido mayorías siempre superiores a 70 por ciento de los votos y su régimen ha sido acremente señalado como violador de los derechos humanos.

Por más que su popularidad se mantenga en niveles desusadamente altos después de un ejercicio tan prolongado del poder –debido sobre todo a las políticas de bienestar económico orientadas a la mayoría de la población–, las cifras de su pregonado triunfo electoral, equivalentes a más de 80 por ciento de los sufragios, despiertan fundado escepticismo sobre la limpieza de los comicios.

Tijanovskaya, por su parte, centró su programa en la promesa de convocar a elecciones limpias y en la meta de lograr la libertad de su esposo.

Respaldada por una coalición en la que confluyen las derechas con sectores del activismo social, su atractivo político principal proviene del contraste con los aspectos impresenta-bles del veterano gobernante y su mayor respaldo no parece encontrarse en Bielorrusia sino en los gobiernos de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y las organizaciones civiles afines a Bruselas y Washington.

En suma, lo que está en juego en el país de Europa oriental no es únicamente, como lo han presentado medios y autoridades occidentales, la disputa por la democratización o la permanencia de un gobierno autoritario, sino también la afiliación de Bielorrusia a la UE (y posiblemente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como ha ocurrido con varias repúblicas ex soviéticas) y la implantación sin cortapisas de una economía de libre mercado.

Por eso, en buena medida, el conflicto en esa nación recuerda los procesos ocurridos en Polonia a partir de 1988 y en Ucrania, durante la década pasada.