istóricamente, para cualquier país, las aduanas marítimas y sus operaciones comerciales han sido extraordinarios y valiosísimos tesoros financieros y económicos. Por ello, durante los 300 años de Colonia en México, esas aduanas fueron un instrumento fundamental de la Corona Española para conservar e incrementar sus riquezas.

Ante esa razón estratégica, la aduana marítima principal, en Veracruz, contaba con la fortaleza de San Juan de Ulúa para proteger los intereses del Estado. Mientras, en el Pacífico, la tradicional feria anual del comercio con oriente, en Acapulco, era resguardada por el fuerte de San Diego. En San Blas operaba la Contaduría, la cual registraba la entrada de los bienes de oriente y Filipinas.

Ya en el siglo XX, lo primero que hicieron las fuerzas invasoras, en 1914, fue apoderarse y controlar la operación de la aduana de Veracruz, junto con todo el comercio marítimo del puerto; para, con ello, tratar de someter y doblegar al gobierno de don Venustiano Carranza.

Todos estos antecedentes nos demuestran la enorme importancia de los recursos fiscales marítimos y aduanales en la economía general del Estado, ya que le proveen de una base impositiva primordial, mientras fortalecen su comercio exterior y las balanzas correspondientes; además, promueven el crecimiento del producto interno, la inversión y los mercados e impiden la descapitalización del país y el saqueo de sus riquezas.

Sobre este tema, y en detrimento de los intereses nacionales, la corrupción fue apareciendo con toda su fuerza en los puertos comerciales mexicanos, creando un escandaloso foco de latrocinio nocivo para la economía. Llegando, en las últimas décadas del siglo XX, a significar un fenómeno desmesurado y desbordado, a causa de la inmensa inmoralidad y prepotencia de las organizaciones sindicales de estibadores y alijadores, y de sus esclavos laborales denominados cuijes, quienes gozaban de una impunidad cínica y evidente que les permitió apoderarse prácticamente de todo el territorio aduanal para convertirlo en un ámbito exclusivo de extorsión y saqueo, en complicidad con autoridades que participaban en ello.

Ya en los años 90, el gobierno mexicano, utilizando dolosamente una supuesta globalización, se dedicó a entregar el país a intereses ajenos, rompiendo la cadena nacional de producción y comercialización que se había construido, con gran éxito, durante más de medio siglo. Siendo su nueva estrategia perniciosa fingir el rescate de las operaciones y las aduanas marítimas, con todos sus latrocinios e ineficiencias. Y, para ello, organizó un modelo privatizador y globalizador que, finalmente, no fue más que otra forma encubierta de la inveterada corrupción.

En ese marco demagógico y entreguista, de falsa y parcial apertura, el gobierno inventó unos engendros burocráticos híbridos en los que participó como socio y promotor. Éstos tienen características propias de empresas privadas, pero con privilegios públicos bajo la denominación de Administraciones Portuarias Integrales (API), cuya meta esencial ha sido disfrazar la venta y la entrega de las operaciones comerciales en las aduanas marítimas, así como la mayoría de sus ganancias que, en forma injusta y tendenciosa, se les conceden a intereses extranjeros y al despojo generalizado.

Esas API se encauzaron, desde su origen, a otorgar a terceros concesiones desmesuradas de operación comercial portuaria por 50 y hasta por 100 años. Todo ello principalmente a empresas extranjeras, fundamentalmente de Hong Kong y de Long Beach, California, para que sean las que operen esas actividades, mediante un esquema en el que el gobierno aporta el dinero para la infraestructura de muelles e instalaciones, a cambio de ínfimas retribuciones. Mientras, dichos concesionarios obtienen los verdaderos beneficios de su monopolio mercantil de contenedores; tolerando, alentando o participando en la corrupción interior de los recintos fiscales, en complicidad con las autoridades que ahí intervienen.

En este momento, casi 90 por ciento del movimiento de los contenedores marítimos está en manos de esas concesionarias. Prevalecen la corrupción, la subfacturación, todo tipo de defraudación fiscal y robo de combustible aunado al más descarado narcotráfico que proviene de oriente y de Sudamérica.

En la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados se luchó, durante toda una legislatura, para modificar los términos leoninos de las concesiones y de las API. Y, en ese combate, sólo los legisladores que representaban a la flota de Pemex se unieron a favor de la propuesta. El resto de la comisión no aceptó cambio alguno que frenara esos abusos. Así como tampoco les interesó rescatar del abandono y degradación las zonas marítimas y el entorno urbano de los puertos.

Hoy, por fin, se ha dado un primer paso para combatir esa corrupción e injusticia, siendo absolutamente necesario que se analicen todos los antecedentes citados y se verifiquen dichas concesiones comparando las obligaciones y las ganancias que obtienen esos beneficiarios en los puertos de sus países, frente a lo que está ocurriendo en México.

Seguramente, si se ataca a fondo este gran foco de corrupción pública y privada, los resultados serán encomiables.

* Fiscal General de la República