La Comisión Permanente aprobó, entre sus primeros dictámenes, luego de tres meses de sesiones virtuales, una solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y a sus homólogas en entidades federativas, para que fortalezcan la investigación, persecución y combate a los delitos contra menores y adolescentes, como la pornografía infantil, abuso sexual y trata de personas.

Senadores y diputados demandaron fortalecer las medidas de seguridad en plataformas tecnológicas en la FGR y la SSyPC, así como en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades fortalezcan las medidas de seguridad cibernéticas para contrarrestar esos delitos.

En el dictamen aprobado se destaca que entre marzo y abril aumentaron 73 por ciento los reportes de pornografía infantil, y 80 por ciento están relacionados a la red social Facebook, de acuerdo con información del foro Los efectos secundarios de la crisis Covid-19: cibercrimen.

Los legisladores subrayan que entre los delitos on line que más se cometen se encuentra el ciberacoso. En la pandemia se han observado picos importantes de amenazas, insultos, campañas de odio e interminables hilos de discusión con faltas de respeto sobre temas de opinión donde existe en este momento discordia.

Asimismo, se refiere que, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, México ocupa el primer lugar en la difusión de pornografía infantil a través de Internet, y este delito ha ido en aumento en la emergencia sanitaria.

Los legisladores de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente indican que corporaciones policiacas como la Interpool sugieren que en Internet existen unas 100 mil páginas que alojan y distribuyen imágenes en video o fotografías con menores de edad, y México concentra mil 300 sitios web, volviéndose la pornografía infantil uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico.

Destacaron que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece dentro de sus principios rectores el acceso a una vida libre de violencia, garantizando su integridad personal, y en su artículo 47 establece las obligaciones y medidas que deben tomar las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, atender y sancionar los casos en que menores y adolescentes se ven afectados por diversos delitos como la corrupción y la trata de menores de 18 años, entre otros”.